La Salle ha recibido en las últimas horas, en coincidencia con el anuncio público realizado por el escritor Alejandro Palomas, tres nuevas denuncias de abusos sexuales que habrían tenido lugar entre los años 70-80, y que afectarían a tres religiosos de la congregación.

Sin embargo, desde un punto de vista legal, según ha explicado La Salle en un comunicado de prensa enviado este sábado, los casos ya habrían prescrito. Dos de ellos se produjeron en Galicia y el otro en Castilla y León.

La institución ha puesto en marcha su procedimiento interno, en línea con lo realizado con el caso de Alejandro Palomas y otros anteriores en los últimos años. Así, la Salle empezará a recabar información y entrevistar a miembros de la comunidad educativa en aquella época.

El pasado 27 de enero, Palomas denunció que con ocho años fue violado y sufrió reiterados abusos sexuales por parte de un cura que era profesor de La Salle de Premià de Mar (Barcelona).

En los últimos años, la institución ha trasladado diferentes denuncias que han sido admitidas a trámite por la Audiencia Nacional. Además, se ha personado en procesos penales como acusación popular, algunos de los cuales han acabado en largas penas de cárcel, siendo los casos más recientes el de un profesor del Colegio Maravillas de Madrid en 2017 o el de un centro de acogida en Kenia en 2021.

Con la puesta en marcha de dicho procedimiento interno a raíz de estas tres últimas denuncias, La Salle cumple con "su doble compromiso legal y moral con las víctimas de estos abusos, en línea con el procedimiento canónico impulsado por el Papa Francisco el pasado año, manteniendo al mismo tiempo el respeto a la presunción de inocencia reconocida en la legislación, pero mostrando de forma clara y expresa su petición de perdón a las víctimas por el dolor padecido", según han manifestado en un comunicado.

El objetivo es tratar de esclarecer los hechos y asegurar la máxima transparencia y celeridad en la investigación de estos casos, buscando el testimonio directo de la víctima y la plena identificación de los autores de los hechos, que son "deleznables y que atentan contra los derechos más importantes de las personas y, en especial, de la infancia", señalan.

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