El PSOE y Unidas Podemos han pactado mecanismos para anticiparse a las discrepancias que surjan en el seno de su Gobierno de coalición, con la intención de fijar posiciones comunes cuando sea posible, antes de hacer públicas las diferencias.
Así lo han explicado fuentes conocedoras de las negociaciones en las comisiones de seguimiento del pacto de Gobierno y del trabajo parlamentario que se celebraron el jueves, un momento en que saltaron los roces por la aprobación de la ley contra la violencia sexuale y también por las políticas de inmigración a raíz de la sentencia europea que avala las devoluciones en caliente.
Con el segundo asunto aún sin resolver, las dos partes constataron que ese tipo de encuentros son efectivos para abordar los choques, aunque a partir de ahora buscarán prevenirlos a medida que la agenda política sitúe en el primer plano temas en los que de antemano haya puntos de vista distintos, como sucedió con la inmigración.
Sobre la mesa, por el momento, se vislumbran divergencias en las políticas económicas y laborales por el alcance de la derogación de la reforma del PP. La coordinación se estrechará no solo en lo comunicativo, sino también en lo parlamentario, de modo que los grupos que dan apoyo al Gobierno de coalición informarán previamente de las iniciativas que van a impulsar, indican fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos.
La socialista Adriana Lastra y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, hablan cada martes antes de la Junta de Portavoces del Congreso para consensuar sus posiciones, pero, aún así, se ha detectado en la actividad en el Congreso menor coordinación que en el Gobierno, donde las decisiones son colegiadas.
El PSOE registró su proyecto de ley para regular la eutanasia sin haber abordado antes con Unidas Podemos los puntos distantes, que no obstante se matizarán durante el proceso de enmiendas, y los de Pablo Iglesias, por su parte, registraron un proyecto de ley para despenalizar los piquetes informativos que no fue bien recibido por sus socios de coalición.
Además, Unidas Podemos ya ha registrado una proposición de ley para derogar los plazos máximos de instrucción de las causas penales -el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)-.
La intención es que de ahora en adelante haya en lo parlamentario más coordinación. Según fuentes del grupo que lidera Pablo Echenique, de entre todos los textos que quedaron pendientes de las anteriores legislaturas han seleccionado los siete que según su criterio más consenso puedan generar con el PSOE y ya se han remitido a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes con el objetivo de que los ministerios implicados remitan los informes oportunos.
Se trata de una propuesta para unificar el subsidio y la renta agraria y eliminar el requisito de las 35 peonadas para tener derecho a cobrar el subsidio; otra proposición ya presentada en 2017 para la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como otra para que se excluya a la Guardia Civil de las condenas previstas en el Código Penal militar.
Unidas Podemos tiene también preparada su proposición contra la deslocalización de actividades industriales, la revisión en el Código Penal de los delitos de injurias a la Corona, ofensa de los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo; acabar con la segregación por sexos en los centros educativos, y otra para coordinar los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.
En esta legislatura, Unidas Podemos puede presentar dos proposiciones de ley y tres proposiciones no de ley por cada periodo de sesiones, y ya ha avisado al equipo de la socialista Adriana Lastra de que no se presentarán aquellas iniciativas que no cuenten con el visto bueno del PSOE.
Esa coordinación tendrá una prueba de fuego durante la redacción de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que Unidas Podemos ya trabaja sobre las base de los pactados para 2019. Desde el grupo parlamentario sostienen que ese será el momento de impulsar la reforma del IRPF y del impuesto de sociedades para así sostener el aumento en el gasto social, aunque en el aire está cuándo se podrán presentar.
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