La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha concluido que España no violó la Convención Europea de Derechos Humanos al devolver a Marruecos a dos migrantes subsaharianos que intentaron saltar la valla en Melilla en el año 2014.
La Sala ha avalado su expulsión porque considera que "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad" al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza".
El fallo a favor de España añade que los inmigrantes "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español" y revoca de esta forma la sentencia condenatoria de la Sala de 2017 por "expulsión colectiva sin medida judicial previa".
La Gran Sala ha decidido de forma unánime que no existió infracción de la prohibición de expulsión colectiva (recogida en el artículo 4 del Protocolo 4) porque considera atribuible la ausencia de decisiones de expulsión individuales al hecho de que los denunciantes "no hicieron uso de los procedimientos de entrada oficiales". Así, apunta, "fue una consecuencia de su propia conducta".
Por este mismo motivo, el Tribunal apunta que no puede considerar responsable al Estado español de la ausencia de recurso efectivo, e indica que no existió violación de este derecho, recogido en el artículo 13 y que los demandantes también invocaban.
Desde el Gobierno respetan y acatan ésta como cualquier decisión judicial. Las reacciones llegaban este jueves desde el Congreso. "Respeto siempre a las decisiones de los tribunales", ha señalado Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso. "Es una salvajada", considera el diputado de ERC Gabriel Rufián.
Por su parte, Vox celebraba el fallo de Estrasburgo. "Es una victoria para España y una victoria para el estado de Derecho. La constatación de que una nación tiene derecho a defender sus fronteras", ha señalado Espinosa de los Monteros.
Las asociaciones en lucha por los derechos humanos se sienten traicionadas, sostienen que "ya no hay tribunal de derechos humanos sino un tribunal de derechos de los gobiernos".
También ha reaccionado la Asociación Unificada de Guardias Civiles que, en un comunicado, pide una legislación más clara para saber cómo actuar ante estos casos. Además, han aprovechado para pedir que el trabajo de la Guardia Civil tenga una mayor garantía jurídica.