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Sigue la última hora del 'decreto Maricarmen' para regular la vivienda en España

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Los primeros desahucios paralizados tras el caso Maricarmen: "Es el primero que se suspende por el nuevo decreto"

El contexto Macarena afrontaba su segundo intento de desahucio, pero ha podido frenarlo gracias a las nuevas medidas que buscan evitar que personas sin alternativa habitacional se queden en la calle.

Los primeros desahucios paralizados tras el caso Maricarmen: "Es el primero que se suspende por el nuevo decreto"
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El terrible caso de Maricarmen ha desencadenado una oleada de desahucios paralizados. Frente al balcón de Macarena, en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona, se concentraban este jueves quienes intentaban evitar que volviera a quedarse sin casa. Tiene 37 años y afrontaba su segundo intento de desahucio.

Su historia comenzó en 2017, cuando acordó verbalmente un alquiler de 750 euros al mes que pagaba en efectivo. Con el tiempo, el precio fue aumentando y, según el Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Macarena pidió en varias ocasiones que aquel contrato verbal quedara formalizado.

La situación, denuncian desde el sindicato, terminó derivando en un conflicto con la propiedad. "Derivó en una situación de acoso y con amenazas de pedir su desahucio", explica Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña. Macarena se encuentra además en una situación de vulnerabilidad, debido a sus problemas de salud mental y a que no dispone de una alternativa habitacional.

La suspensión tiene un significado especial después de la polémica generada por el caso de Maricarmen, la mujer cuyo desahucio se convirtió en símbolo de la emergencia habitacional y que acabó impulsando nuevas medidas de protección frente a los lanzamientos: "Es el primer desahucio que tenemos constancia que se ha suspendido por el decreto Maricarmen", asegura Aragonès.

Y el caso de Macarena no fue el único. Apenas una hora después y a escasos metros, los movimientos por la vivienda consiguieron paralizar otro desahucio: el de una pareja con cuatro menores a su cargo. Marta Espriu, portavoz de COSHAC, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, explica que la familia cuenta con un informe que acredita una situación de vulnerabilidad extrema.

Dos casos, en apenas unas horas, en los que la aplicación de las nuevas medidas ha permitido frenar los lanzamientos. A cientos de kilómetros de Barcelona, en Granada, Jesús y Laura llevan años viviendo con sus tres hijos en la que fue la casa de la abuela de la familia, fallecida en 2017.

Ahora la vivienda pertenece a una empresa de vivienda de la Junta de Andalucía. También piden una solución habitacional estable, en concreto, un alquiler social que, según denuncian, la empresa no estaría dispuesta a negociar. Jesús resume su petición en una frase: "Simplemente pedimos un alquiler, no pedimos nada más".

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