Las detenciones se han ido produciendo desde el pasado mes de octubre, cuando se detuvo y pasó a disposición judicial al núcleo de personas que formaban el grupo criminal, cuya actividad se centraba en el trámite ilícito de tarjetas de residencia por circunstancias excepcionales en la modalidad de tarjeta de residencia por arraigo social a nacionales de China, con la finalidad de regular su situación en España haciendo uso para estos trámites de documentos falsos.
Entre los documentos falsificados utilizados para la tramitación de las tarjetas de residencia destacaban los certificados de empadronamiento falsos e informes de inserción social igualmente falsos, en teoría expedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Casa de las Culturas, dependiente de la corporación local, según ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Aragón en una nota de prensa.
Por esta tramitación, los solicitantes debían pagar entre 6.000 y 8.000 euros por persona, por lo que la organización delictiva podría haber llegado a acumular una cantidad próxima a los 1.200.000 euros, en caso de no haberse producido la intervención policial. Quienes necesitaban un contrato de trabajo debían desembolsar no menos de 3.000 euros, otros 3.000 euros lo eran por el histórico y certificado de empadronamiento, entre 500 y 1.000 euros por el informe de inserción social y al menos tres o cuatro cuotas a la Seguridad Social, que oscilaban entre 900 y 1.200 euros.
Para poder conseguir esta cantidad los solicitantes, a los que se les acusa de falsedad documental y estafa, debían realizar "ingentes sacrificios económicos e incluso pedir ayuda a sus familiares con el único fin de regularizar su situación en España a través de esta red criminal". El fraude que se habría podido cometer a la Hacienda Pública podría haber alcanzado los 3.5000.000 euros, han señalado las mismas fuentes.
Ya en el mes de febrero, y una vez analizada la documentación intervenida en los diferentes registros, se iniciaron las detenciones de los empresarios supuestamente contratantes, cuya colaboración había sido totalmente necesaria para la consecución del fin último. Estos empresarios, supuestos contratantes, percibían cantidades económicas no inferiores a los 2.000 euros por prestar su colaboración a los integrantes del grupo criminal.
La mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en Zaragoza, pero se han producido también en lugares geográficamente tan distantes como Barcelona, Madrid, Palencia, Mérida, Valencia y Vitoria. A este grupo criminal acudían ciudadanos chinos de diferentes partes del territorio nacional, ya que "sus servicios" se anunciaban y publicitaban a través de los periódicos chinos que pueden adquirirse en cualquier establecimiento regentado por ciudadanos de este país.
La investigación ha sido desarrollada por efectivos adscritos a los Grupos de Investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Brigada Regional de Extranjería y Fronteras de Jefatura Superior de Policía de Aragón.
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