Representantes de la PAH y concejales de la candidatura de unidad popular Leganemos han acudido a intentar frenar sin éxito el desalojo. El portavoz de la candidatura, Fran Muñoz, ha cuestionado que hayan desalojado a la gente que protestaba sin que hubiese "comisión judicial" en el desahucio.
Mientras, la Plataforma ha cuestionado al "amplio" dispositivo policial, compuesto por hasta ocho furgonetas policiales, para proceder al desalojo, en el que no ha participado Policía Local.
Por su parte, el Ayuntamiento de Leganés ha asegurado que ha ofrecido a Antonia "una solución habitacional", que consiste en pernoctar en el albergue municipal que gestiona Cruz Roja, pero que Antonia ha descartado esta opción, según fuentes municipales.
Las mismas fuentes han explicado que técnicos de Servicios Sociales han acudido a primera hora al domicilio "para informar a esta persona y ofrecerle una solución habitacional", pero "se han negado a dejarlos pasar". Según las mismas fuentes, la mujer no está empadronada en el municipio, no tiene expediente abierto en Servicios Sociales y "tendría una vivienda en una localidad de la provincia de Toledo".
En este sentido, han asegurado que Servicios Sociales de Leganés "se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales de esta localidad manchega para que confirmen con exactitud qué tipo de vivienda es y cuál es la situación de la afectada, si es en régimen de propiedad o la tiene concedida como vivienda social".
Por último, han recordado que el Juzgado ha dictado orden de desahucio por "impago del alquiler" al dueño de la vivienda, "un propietario particular". Según el Ayuntamiento, el dueño "tenía un contrato de arrendamiento con los padres de esta persona" y que, al fallecer los titulares del contrato, los familiares y el propietario rescindieron este contrato, por lo que Antonia "seguiría residiendo allí sin contrato".
