Más de 100 ancianos engañados, 17 acusados y un negocio multimillonario: arranca el juicio por la macroestafa del caso Cocoon

Este lunes ha arrancado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona el juicio del caso Cocoon, una de las mayores estafas inmobiliarias de la historia de España. Esta trama consiguió quedarse con más de un centenar de viviendas de jubilados que pasaban apuros económicos entre 2009 y 2015, la mayor parte de ellos, en Cataluña.

El foco de la investigación estaba puesto en los dos principales acusados: Arturo Segarra y Francisco Comitre. Segarra era el comercial, el encargado de convencer a los pensionistas de los teóricos beneficios que el acuerdo supondría para ellos. Desde 2016 está en prisión en Tailandia, donde cumple una cadena perpetua por el asesinato del empresario David Bernat, al que descuartizó después de estafarle 900.000 euros. Comitre, por su parte, era abogado y, según la Fiscalía, utilizaba su despacho para captar víctimas y estructurar jurídicamente las operaciones fraudulentas.

El mecanismo consistía en hacer firmar documentos como si fuesen préstamos o fórmulas de financiación, pero en realidad firmaban contratos de compraventa o poderes notariales para terminar quitándoles la casa. Para ello era trascendental el papel de un tercer implicado, Enrique Peña, el notario que, sirviéndose de su puesto, dotaba de apariencia legal todas las operaciones, que se acababan firmando en su despacho, lo que daba una falsa apariencia de seguridad legal a los jubilados.

Hoy, siete años después de comenzar la investigación, los 17 acusados que conformaban la trama se han sentado en el banquillo y han reconocido los hechos. El abogado Francisco Comitre ha sido condenado a dos años y un mes de cárcel como autor de un delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, a diez meses por blanqueo y a un año y ocho meses por pertenencia a grupo criminal; también a inhabilitación para ejercer su profesión durante más de nueve años y a una multa de 7.200 euros.

Por su parte, el notario Enrique Peña ha aceptado tres años y dos meses de prisión (un año y nueve meses como cooperador de estafa agravada en concurso con falsedad documental y un año y cino meses por blanqueo), a una multa de 13.200 euros y a la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión. Segarra, al encontrarse en prisión en Tailandia, no ha tenido la opción de buscar un pacto con la Justicia.

Asimismo, se han declarado nulas algunas de las escrituras públicas y de la inscripción de las propiedades en el Registro de la Propiedad, así como de las sociedades, que fueron creadas con el único objetivo de cometer el fraude inmobiliario. En total son 128 los afectados de esta trama, y la mayoría de ellos siguen a la espera de poder recuperar sus viviendas.

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