Un grupo de antiabortistas han protestado frente a las puertas de la Clínica Dator para intimidar a las mujeres que esperaban en la puerta del centro a ser atendidas. Sin embargo, estas mujeres han respondido a los antiabortistas defendiendo la "libertad para abortar".
Gracias a la reforma del Código Penal, en el futuro los antiabortistas no podrán hostigar a las mujeres en los centros médicos donde se practican abortos. En este sentido, acosar a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es un delito castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión, o trabajos en beneficio de la comunidad.
La reforma del Código Penal, publicada el pasado mes de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien "obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" y acose a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad". Asimismo, también será delito acosar a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, ante los que suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.
La ley considera "imprescindible garantizar una zona de seguridad" alrededor de esos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos.
Para perseguir este acoso, no será necesaria la denuncia de la persona agraviada y, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también al condenado la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años.
En la ley se destaca que se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar, y se recoge un informe de 2018 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo que alertaba de que miles de mujeres se habían visto "increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo" al acudir a esos centros.
La norma, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y Vox.
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