La jueza de la pasarela de El Bocal (Santander) amplía la acción penal a tres funcionarios de Costas y ve indicios de seis delitos de homicidio

La jueza que instruye la causa por el derrumbe de una pasarela de El Bocal en Santander, en el que murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica al ceder una pasarela, ha decidido incluir también como investigado al que fue jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló.

En el auto al que ha tenido acceso laSexta, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que investiga el suceso, señala que este funcionario "ostentó una posesión de garante respecto de la seguridad estructural de la pasarela" y tuvo la "obligación de promover, ordenar o verificar las actuaciones de inspección y mantenimiento necesarias en tal lapso de tiempo".

Según se desprende del informe pericial, añade el escrito, en este momento procesal se puede sostener "que la ausencia de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir, detectar y corregir el progresivo deterioro de la infraestructura, generando un riesgo relevante que se materializó en el colapso de la pasarela".

Este nuevo investigado se suma a quien le sucedió en el cargo -actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras - y al jefe de la Demarcación de Costas -director de Obras del Proyecto de 2014 de construcción de la senda costera-.

La instructora considera que "con su conducta omisiva cada responsable de la Jefatura de Obras pudo contribuir, concausalmente, al mantenimiento del riesgo no controlado que desembocó en el fatal resultado".

Posibles delitos de homicidio por imprudencia grave

El auto señala que la falta de mantenimiento de la infraestructura podría constituir una "negligencia grave" y la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave –por los seis fallecimientos- y un delito de lesiones por imprudencia grave –por las heridas sufridas por la superviviente-.

El auto sostiene que con los datos que ofrece la pericial judicial, la pasarela estaba "abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)".

"La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera", señala el escrito.

Todas esas circunstancias continúa el auto, "no permitieron abordar elementos críticos" y "el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado".

Los técnicos investigados declaran el 15 de mayo

Los tres funcionarios de Costas declararán como investigados el próximo 15 de mayo en una sesión en la que se practicará además toda prueba pericial: tanto la judicial -cuyo perito ya ha entregado su informe a la magistrada- como las interesadas por la acusación particular y las defensas.

En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe

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