Una interventora de la Generalitat, nueva afortunada con otro de los pisos de protección oficial de Alicante

Otro nombre más que se suma al escándalo de las viviendas de protección oficial de Alicante. De esas VPO que el consistorio alicantino ofertaba. De esos pisos que ponía a disposición de los más vulnerables por primera vez en 20 años y que, cosas de la vida, han ido a parar a miembros vinculados con el Ayuntamiento. Que 'casualmente' han ido a parar a nuevos cargos del PP. Ahora, según 'elDiario.'es, una interventora de la Generalitat también ha tenido la gran suerte de ser propietaria en Les Naus.

Se trata de Sira Pérez Ortuño, hasta 2025 delegada en servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda de Alicante y actual tesorera del Ayuntamiento de San Juan. A pesar de embolsarse 70.000 euros cuando solicitó unas viviendas destinadas a rentas inferiores a 54.600 le ha tocado un piso.

Tal y como cuenta el citado medio, Pérez Ortuño escrituró la vivienda a su nombre el 28 de octubre de 2025. Para adquirirla, constituyó un préstamo de 164.000 euros en una entidad bancaria.

Para entender en datos la magnitud del escándalo, ya hay casi una de cada 10 de estas viviendas protegidas que han ido a parar a alguien con vínculos en el Ayuntamiento de Alicante. Estas casas, por cierto, cuentan con dos pistas de pádel, una polideportiva y también tienen piscina. La superficie útil del piso en cuestión es de 80,66 metros cuadrados.

La lista no ha parado de crecer desde que se destapara todo. El penúltimo nombre en salir a la palestra fue el de Nayma Beldijilali, concejala de Hacienda y de Patrimonio. Cosas de la vida, dos afortunados tienen vínculos con ella. Uno coincidió con ella en Hogueras; otra persona, es hermana de su secretaria.

Ante esto, Compromís reclamó la comparecencia de la concejala: "¿Por qué hay un borrado enorme de todas las fotos en redes sociales de la amistad que tenían?"

No ha sido la única persona con vínculos con el Ayuntamiento. Rocío Gómez, hasta ahora concejala de Urbanismo, dimitió después de afirmar que su objetivo era "garantizar el acceso a la vivienda de todos los alicantinos". Alicantinos como ella, que se apartó del cargo para que "la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo", según dice el consistorio. Ella asegura "haber aportado la documentación que le ha sido requerida".

Aparte de ella, también fueron agraciados con un piso los dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, que también ha presentado su dimisión.

Diligencias abiertas

Mientras, el Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado diligencias previas para investigar presuntas anomalías en la adjudicación de viviendas de protección pública en Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante. La magistrada toma está decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presentada contra nueve empleados municipales.

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