La Fiscalía va a recurrir la decisión de la jueza que ha derivado el caso del suicidio asistido de María José Carrasco a un Juzgado de Violencia de Género.
Su marido, Ángel Hernández, que reconoció que la ayudó a morir, está en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio. Ahora podría enfrentarse a una acusación de homicidio.
La responsable de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín-Nájera, asegura que "no comparte" la postura de la jueza de instrucción de Madrid de inhibirse a favor de un juzgado especializado.
Tampoco comparte la interpretación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la delimitación del concepto de violencia de género en el que se basa. "Es un caso bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse", explicó la fiscal.
En una rueda de prensa, la Fiscalía afirma que para que se considere violencia de género "es necesario que se de el contexto de discriminación del hombre sobre la mujer, pero ella, de manera pública, pidió ayuda a su marido".
A su juicio, no basta solo con que haya relación entre el hombre y la mujer: "Hay un matiz, y es que tiene que haber humillación, dominación, discriminación".
También recurrirá la defensa particular. La letrada de Ángel Hernández cree que no se puede considerar "en ningún caso que lo que hizo fue un acto contra ella. Muy al contrario. Siguió los deseos de su esposa". Por eso, la abogada insiste en que el caso debe volver a ser competencia de un juzgado de instrucción ordinario.