La familia del periodista español asesinado en Bagdad hace 16 años, José Couso, recurrirá ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado sendos recursos de amparo interpuestos por los familiares del reportero gráficoen contra de las resoluciones de la Audiencia Nacional que acordaron el archivo de la investigación de su muerte de acuerdo a la limitación de la jurisdicción universal, con la reforma que realizó el PP en 2014.
"El último estamento aquí, en España, es el Constitucional. Nosotros, la siguiente vía es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquí, a no ser que haya un cambio legislativo, no hay otra opción", ha explicado a Europa Press el portavoz de la familia y hermano del periodista, David Couso.
En este sentido, ha recordado que "a lo largo de estos dieciséis años" han ido agotando todas las vías en España. Según ha indicado Couso, el Constitucional ha "reconocido y legitimado las actuaciones del Ministerio Fiscal y ha aceptado la modificación del Partido Popular.
Para David Couso, el Alto Tribunal ha legitimado que "haya impunidad" en España. "A día de hoy, no solo es la familia de José como víctimas directas. Cualquier ciudadano o ciudadana española sufre en el extranjero una violanción, un asesinato, a una muerte y la justicia de este país no es competente para investigar el caso si los asesinos, casualmente, no están en este país", ha advertido David Couso.
Además, el portavoz de la familia de José Couso ha anunciado que, una vez que se configure el nuevo Gobierno, volverán a plantear reuniones con el arco parlamentario como las que tuvieron en diciembre de 2018, "donde todos los grupos políticos se comprometieron a modificar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reabrir el caso" del periodista español.
Tras conocerse la decisión del TC, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su desacuerdo y ha lamentado "profundamente esta decisión de nuestro Tribunal Constitucional" porque "no solo deja sin amparo a la familia Couso, sino también al derecho fundamental a la información de la ciudadanía".
Para la plataforma, la sentencia "es contraria al deber de las autoridades de garantizar la seguridad de los periodistas". "Este es el valor de la vida de un periodista español para nuestra justicia. Cero", ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
Por último, la organización ha anunciado que trasladará el caso a organizaciones y organismos internacionales sobre libertad de prensa por entender que este resultado vulnera los compromisos de España sobre protección de los periodistas.
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