La dura realidad de las familias migrantes: 700 euros por vivir hacinadas con 11 personas en un cuchitril

Imaginen vivir con toda su familia en una habitación. Cuatro personas apretadas en un espacio tan reducido que apenas pueden moverse, compartiendo casa y baño con otras 11 personas. Y lo peor de todo: pagando 700 euros al mes por un cuchitril. Esta es la dura realidad de muchas familias migrantes en España, que se enfrentan a una creciente explotación por parte de caseros que se aprovechan de su situación irregular.

Camas apiñadas, ropa y alimentos amontonados, y tan poco espacio que el simple hecho de caminar se convierte en una misión imposible. En una de estas habitaciones, Beatriz, su marido y sus hijos adolescentes intentan sobrevivir, en un piso donde conviven con otras 11 personas.

"Muchas veces tenemos que orinar en una palangana porque solo hay un baño", cuenta a laSexta Beatriz, quien denuncia la falta de condiciones mínimas de higiene y privacidad.

El abuso no termina aquí. En solo un año, su arrendador les ha subido el precio del alquiler en tres ocasiones. "Me lo quería subir a 700 euros y yo le dije que no podía asumir esa cantidad. Como no tenemos papeles, creo que el señor se quiere aprovechar de nosotros", denuncia Beatriz, visibilizando una de las formas más comunes de explotación inmobiliaria en el país.

Verónica, otra víctima de esta situación, vive con su marido y sus dos hijos en una habitación compartida con otras nueve personas. Las humedades, el moho y la falta de mantenimiento son una constante en su hogar. "En las paredes tengo que estar limpiando todo el tiempo, y a veces la ropa la reviso y está llena de moho, lo que me obliga a tirarla", relata.

Alba, que paga 750 euros por una habitación aún más reducida junto a su hija, también ha sufrido discriminación por su acento. "Cuando trato de alquilar un piso y escuchan mi acento, tengo problemas. Mi hija mayor tiene el acento español, así que ella llama y concertamos la cita, pero al llegar al lugar ni siquiera me presentan el sitio para vivir", explica Alba, señalando otro aspecto del racismo estructural que enfrentan los migrantes en el mercado inmobiliario.

Assiatou Diallo, portavoz del Sindicato de Inquilinas, resalta la situación crítica a la que se enfrentan los migrantes: "Los migrantes se exponen más a requisitos abusivos de las inmobiliarias. Estamos en medio de un racismo institucional y estructural, que afecta especialmente a los alquileres de personas migrantes, y que les obliga a acabar en este tipo de habitaciones".

Un estudio reciente de Provivienda revela que el racismo inmobiliario ha aumentado un 30% en los últimos cuatro años, lo que refleja una tendencia alarmante que pone en evidencia la vulnerabilidad de las familias migrantes en el mercado de alquiler.