La ONU celebra cada 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social. Una jornada dedicada desde el año 2007 a la lucha contra las desigualdades a nivel mundial, según se explica en la web de la organización internacional.
La Asamblea General de la ONU considera que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos. Tal y como explican desde las Naciones Unidas, la justicia social se promueve eliminando las barreras que existen entre personas por cuestión de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
El lema de este año, 'Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social', centra el problema en las diferencias del mercado laboral y los desajustes sociales que conllevan. Su objetivo es revertir la situación de la gente que, por su condición laboral, vive en la pobreza o en riesgo de padecerla.
Aunque se podría pensar que éste es solo un problema de comparación entre 'países ricos' y 'países pobres', las desigualdades son también grandes en las sociedades de lo que denominamos 'primer mundo'. En nuestro propio país podemos comprobar la existencia de la 'injusticia social' si atendemos a informes publicados sobre pobreza como el llamado informe AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion, un indicador de población en riesgo de pobreza y exclusión), publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Informe AROPE
Con respecto a España, el último informe detallaba la situación en 2018: el 26,1% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Teniendo en cuenta la infancia, casi el 30% de los niños en España estaba en situación de pobreza, y el 26,8% estaba en riesgo de padecerla. El informe AROPE así lo señalaba en su publicación de 2019.
Otros factores que se marcan en el mismo informe como indicadores de desigualdad son la discapacidad y el género. Un ejemplo es que un 31% de las personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza. También queda reflejado en el documento que las condiciones de trabajo son peores entre las mujeres que entre los hombres: una mayor tasa de paro (7,02% frente a 13,72% de la población activa masculina) y trabajo a tiempo parcial en mayor medida entre la población femenina (24% frente a 6%). En el informe, los indicadores de pobreza por géneros establecen una mejora entre los hombres respecto a años anteriores, mientras que en el caso de las mujeres los datos se mantienen.
El relator de la ONU 'atiza' a España
En España existen lugares que muchos españoles "no reconocerían como parte de su país", barrios pobres "con condiciones mucho peores que un campo de refugiados". Con estas palabras se manifestaba Philip Alston, australiano experto en derecho internacional, que visitó nuestro país a finales de enero en calidad de relator de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.Alston realizó un informe en el que expresaba su opinión sobre la situación en España, después de su visita de dos semanas a nuestro país. Durante este tiempo, se reunió con representantes tanto de instituciones públicas como de organizaciones independientes para llegar a sus conclusiones.
El relator aventuró que la crisis provocó una abertura de la brecha social, beneficiando a empresas y personas más ricas frente a los trabajadores más modestos. La culpa, según el experto, es de los "formuladores de políticas", que "han fallado" a la población que más les necesitaba. Además, aseguraba que en nuestro país "los derechos sociales raramente se toman en serio".
La única esperanza que manifestaba el australiano era el compromiso que el nuevo Gobierno de España ha adquirido con los más vulnerables, priorizando la legislación en cuanto a derechos sociales. Así lo confirmaba a principio de año el vicepresidente Pablo Iglesias en una entrevista concedida a El Intermedio tras la formación de Gobierno.
El caso de Los Asperones
Pocos ejemplos de brecha social son tan claros como el de la barriada de Los Asperones, en Málaga. La periodista de laSexta Andrea Ropero realizó a mediados de enero de este año un reportaje en El Intermedio sobre este núcleo malagueño. El barrio, levantado a base de casas prefabricadas hace 33 años, se planteó como una medida temporal para realojar familias que vivían en chabolas.
Actualmente, en torno a un millar de personas viven en este lugar en condiciones de extrema pobreza: alumbrado deficiente, abastecimiento de agua escaso, falta de servicios de limpieza, hogares con plagas de ratas y cucarachas… Los trabajadores de la zona se dedican a oficios primarios, normalmente remunerados en negro.
En la cuestión infantil, el reportaje refleja cómo los niños, al no recibir una educación adecuada, están casi destinados a seguir los pasos de sus padres. Así, según cuenta Patxi Velasco, director del Colegio María de la O en Los Asperones, los jóvenes no tienen la posibilidad de valerse de su talento para optar a un trabajo acorde a sus aptitudes. El docente asegura que, muy probablemente, "un hijo de chatarrero será chatarrero". Esta situación está tratando de revertirse en la actualidad, consiguiendo en los últimos años que varios hijos del barrio hayan llegado a la universidad.
El caso de Los Asperones es especialmente llamativo al encontrarse en Málaga, una ciudad que en los últimos años se ha convertido en motor de la economía andaluza, con un PIB superior a la media española. En 2018 la provincia se convirtió en la tercera que más empleo creó en España, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Este caso y muchos otros revelan la necesidad de celebrar el Día Internacional de la Justicia Social, una jornada en la que la ONU anima a los gobiernos a tomar decisiones que mejoren las condiciones de vida de los más necesitados.