Objetivo conseguido: Mazón logra asegurarse un sueldo de 75.000 euros durante dos años por aguantar como president hasta hoy, pese a la DANA

Carlos Mazón ya tiene asegurado dos años con un sueldo público de 75.000 euros por haber aguantado como president de la Generalitat Valenciana, hasta este 13 de julio. Mazón era investido president el 13 de julio de 2023, con los votos de PP y Vox, siendo además la primera comunidad en pactar, tras esos comicios, con la ultraderecha.

Según lo establecido en el Estatuto de los Expresidentes de la Comunitat Valenciana, al cumplir dos años como president, le permitiría convertirse en miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y percibir esa remuneración pública durante el mismo tiempo que ha ocupado el cargo, tal como informaba el pasado mes de marzo 'Levante'.

El requisito indispensable para conseguirlo es haber cumplido como mínimo esos dos años al frente de la Generalitat. En el caso de terminar la legislatura, tendría derecho a 15 años de salario.

Este era uno de los posibles escenarios que se barajaban por el cual Mazón no dimitíay seguía en el cargo, pese a su más que sonada y cuestionada gestión de la trágica DANA del pasado 29 de octubre que se llevó la vida de 228 personas.

Su comida y eterna sobremesa en el restaurante valenciano 'El Ventorro', así como su desaparición durante casi cinco horas durante esa tarde, en lo peor de la DANA (hasta las 20:28 no llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi), son motivos más que suficientes para que miles de valencianos salgan cada mes a las calles del centro de Valencia a pedir su dimisión.

El periodista Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', explicaba el pasado mes de febrero en Al Rojo Vivo dos de las razones por las cuales Mazón, pese al clamor popular, no dimitía: una era para protegerse judicialmente; la segunda era por asegurarse ese sueldo público de 75.000 euros.

Respaldo de Feijóo y del PP

Mazón decidió ligar su futuro político a la reconstrucción de Valencia, algo que respalda, a día de hoy, el líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo.

Después de sus idas y venidas, finalmente Feijóo y Génova 13 han decidido no apartar a Mazón ni poner en su lugar a una gestora, sino respaldarlo y apoyarlo, al menos por ahora. Y así lo pudimos ver recientemente en el último Congreso Nacional del PP, celebrado en Madrid, los pasados 4, 5 y 6 de julio, donde Mazón fue claramente ovacionado.

De momento, parece que solo Francisco Camps puede alejarle de la presidencia del PP valenciano. El expresidente popular ha anunciado su intención de optar a presidir de nuevo el PPCV, cuando se convoque el congreso regional del partido, y que será "leal" a Alberto Núñez Feijóo, aunque muestra su desacuerdo por asegurar que "estaba representado todo el partido" en el Congreso Nacional del PP pese a su ausencia.

Núñez Feijóo argumentaba este pasado mes de abril en una entrevista que Mazón no estaba imputado y, por ende, seguía confiando en él y en su compromiso con la reconstrucción de Valencia tras la DANA, así como chequeando y midiendo las encuestas internas y la opinión pública sobre el president.

La Generalitat Valenciana, la responsable de la gestión de la DANA

Carlos Mazón, por el momento, no está imputado -tiene condición de aforado- en la investigación judicial de la DANA que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, quien centra la responsabilidades de la gestión de la trágica DANA en la Generalitat Valencia.

El motivo es porque tanto la ley de Protección Civil como la Ley de Emergencias de la Generalitat Valenciana establecen que el mando único lo tenía la Generalitat y, en concreto, la gestión de las emergencias, incluida la del sistema de alertas móviles 'ES-Alert', recae en la consellería de Interior, que dirigía en aquel momento Salomé Pradas. Tanto ella como su ex número dos, Emilio Argüeso, están investigados/imputados por este motivo.

El 29 de octubre, ese mensaje se mandó a los móviles a las 20:12 horas de la tarde, cuando el aviso rojo de la AEMET había sido activado las 7.30 horas y algunos centros públicos como la Universidad de Valencia habían parado su actividad esa misma mañana.

En un auto, emitido por la jueza el pasado mes de febrero, destacaba que las muertes se podían evitar y que el aviso a la población fue "tardío" y "errado" es decir, los daños que causó la DANA "no se podían evitar", pero "las muertes sí".

Además, sostiene que había información más que "sobrada" y que fue ignorada por el Govern, Información tanto de la AEMET, como de las llamadas al 112 -más de 19.000-, de los medios de comunicación -incluida la radiotelevisión autonómica- o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Por el momento, la investigación sigue su curso.