La investigación se inició hace un año y medio, a consecuencia de un robo en el que se sustrajeron cámaras fotográficas valoradas en más de 1.000.000 de euros.

Entre los cuarenta detenidos hay ciudadanos españoles, cubanos, venezolanos, argentinos y pakistaníes, acusados de delitos de defraudación continuada contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus (Tarragona).

El seguimiento condujo hasta una trama empresarial ubicada en Reus y, dada la importancia del fraude, el juzgado ordenó a la Agencia Tributaria designar a funcionarios que colaborasen en las actuaciones.

Los investigadores descubrieron que los delincuentes habían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos informáticos y electrónicos, como móviles y tabletas, montando una estructura societaria muy compleja formada por entidades radicadas en España, Portugal, Rumanía, Letonia y Chipre.

La mercancía era trasladada directamente desde los almacenes del proveedor, en algún país extranjero, a almacenes en territorio español, desde donde era enviada a los comercializadores finales.

Sin embargo, para eludir el pago del IVA, interponían entre el proveedor y el comerciante una serie de sociedades cruzadas, tanto en España como en otros países.

El fraude consistía en que los productos, pese a ser transportados directamente a territorio español, eran facturados por los proveedores a sociedades instrumentales creadas en otros países europeos.

Estas sociedades instrumentales se limitaban a volver a facturar a otras empresas, estas españolas, también de carácter instrumental, que no ingresaban el IVA devengado por la adquisición intracomunitaria, y facturaban a las sociedades que vendían al público a precios muy competitivos, al descontar el IVA no ingresado a Hacienda.

Una parte importante de la organización criminal se dedicaba a la continua creación de sociedades instrumentales, para lo que contactaban con testaferros u hombres de paja, a los que hacían figurar como administradores de las sociedades ficticias y autorizados en cuentas abiertas en diferentes entidades con el fin de dificultar el seguimiento de los fondos.

Se calcula que el importe defraudado por la organización sería superior a los 9 millones de euros. El pasado 17 de junio los Mossos realizaron un total de 21 registros en empresas y domicilios de Barcelona, Alella, El Masnou, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa y Terrassa, localidades todas en la provincia de Barcelona, así como en Solsona (Lleida).

También se practicaron registros en Guadalajara, Torremolinos, Málaga y Madrid, en colaboración con la Policia Nacional. Como resultado de estas diligencias judiciales fueron detenidas 40 personas y se consiguió una gran cantidad de material informático, información bancaria y fiscal relacionada con la red criminal, así como 12.000 euros en efectivo. El titular del juzgado que dirige las actuaciones ya ha ordenado el ingreso en prisión de ocho de los detenidos.