Los hechos por los que se ha producido la detención de un consejero ciudadano de Podemos han tenido lugar en el número 6 de la calle Campiña. Allí, en un piso de la cuarta planta, vivía una pareja joven (Lorena y Quelion) con dos hijos pequeños que unos meses atrás okuparon la vivienda por problemas económicos. El piso es propiedad de un banco, que les denunció por usurpación. El Juzgado de Primera Instancia número 31 ordenó el desahucio.
Desde las 5 de la madrugada un dispositivo policial compuesto por varias unidades de antidisturbios, unos 30 agentes, han cortado la calle e impedido que nadie entrara en la vivienda, en la que estaba la familia y una decena de personas. Hasta el lugar han ido acudiendo varias personas de plataformas antidesahucios para apoyar a los desalojados.
En un momento dado se ha producido una trifulca entre agentes y manifestantes, que ha acabado con la detención de estas dos personas. La Policía les acusa de atentado a la autoridad, resistencia y desobendiencia, según han indicado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, que añaden que uno de los agentes ha resultado herido leve por pequeñas contusiones.
Los arrestados saldrán en libertad tras prestar declaración. No ha habido heridos ni más momentos de cargas policiales, han apuntado las mismas fuentes.
Por otra parte, tras la llegada de la comisión judicial y a pesar de las protestas, el desahucio ha sido ejecutado tras tres intentos anteriores. El portavoz de la PAH de Vallecas, Diego Sanz, ha explicado que el banco se han negado a negociar con la familia y también ha negado la posibilidad de un acuerdo para proporcionarles un alquiler social, tal y como ha negociado la segunda teniente de alcalde, Marta Higueras, y otros responsables municipales.
Diego Sanz ha criticado que la familia sólo cuanta con la ayuda del Samur Social y no tiene solución habitacional. También ha denunciado la falta de colaboración de las autoridades regionales, "que son las que tienen las competencias en Vivienda y son parte del problema porque impiden que los okupas puedan acceder a viviendas sociales del Ivima". También ha culpado al Gobierno central, ya que el banco propiedad de esta vivienda es en parte público.
Diego Sanz ha denunciado que sólo en este mes se han ejecutado siete desahucios de viviendas propiedad de esta entidad bancaria, varios por usurpaciones, algunos por hipotecas no satisfechas y otras derivadas de estafas de prestamistas con intereses abusivos. En total, 25 personas, ocho de ellas menores, han sido desalojados de sus casas, según datos de la Plataforma, que informan de otros cuatro desahucios más, dos de ellos la semana que viene.
