Desinformadas, solas y coaccionadas: la odisea de abortar por razones médicas en España

Abortar en España sigue siendo un drama terrorífico. Uno al que año tras año se enfrentan un gran número de mujeres que, con embarazos deseados, ven cómo un comité médico no les autoriza el aborto a pesar de que al feto se le diagnosticase una enfermedad muy grave. Aún con eso, muchas son las que han tenido que viajar al extranjero, pagando con su propio dinero, para poder interrumpir el proceso.

Así lo hemos comprobado en laSexta. Así lo hemos visto en Estado del Bienestar, a través de testimonios de diferentes mujeres que narran su historia. Que cuentan lo que han vivido y sentido en esos momentos tan duros y complicados. "Me sentí como una delincuente cuando fui a Bruselas", expresa una de ellas.

Y es que parece más propio de una época anterior a 2026. "Me imaginé que estaba en el franquismo. El camino de Madrid a Bruselas fue desgarrador", afirma Reyes.

Todo, porque los que deciden si se puede abortar o no a partir de la semana 22 de gestación es un comité clínico, cuyo papel quizá sea adecuado revisar. "Me dijeron que la enfermedad del feto no era incompatible con la vida", cuenta Reyes, que pone el foco en la contradicción que existe en el proceso: "Si un médico está a favor cómo es posible que un comité me lo niegue".

Muchas de ellas, como cuenta Laura, han de irse "a otras comunidades autónomas o al extranjero", después de que el comité les diga 'no' y decida por quien ha de vivir con ello sin que la mujer sea libre.

"De haber sabido que a partir de la semana 22 la decisión no era mía, quizá habría abortado antes", ha explicado Reyes.

La pregunta entonces sería qué significa la vida. "Te aconsejan interrumpir por el día a día de sufrimiento que va a llevar", cuentan, haciendo especial mención a ese primer momento en que su hijo o hija llegue al mundo: "Me dijeron que en la primera bocanada de aire que cogiera era posible que muriera".

En eso, la política y la ideología, de las que dicen que realizan "un bloqueo para que no se realicen abortos en la sanidad pública". Y, de fondo, la coacción. La coacción de muchas formas y maneras posibles.

"Me puso el corazón de mi hijo a todo lo que daba el volumen", expone Virginia, que cuenta que incluso llegaban psicólogos por si no tuvieran clara la decisión: "Sí, si lo tenemos claro".

Son piedras que ponen en el camino para generar dudas y culpa, como por ejemplo hacerles firmar el coste de lo que supondría una intervención pública. Lo que viene siendo, básicamente, una factura. Ponerles el precio delante, algo que no hacen con el resto de pacientes sea en un hospital público o concertado.

Ellas tan solo quieren poder hacer todo en su comunidad autónoma. Por la pública. Sin sentirse juzgadas como si fueran "fugitivas" o si hicieran "algo mal".

Porque ya no se trata solo de tener un derecho. Se trata de poder ejercerlo, se viva donde se viva. Porque cuando todo depende de donde se viva, de los recursos que se tengan o de las alternativas que se puedan buscar fuera deja de ser un derecho garantizado. Y es ahí cuando se resiente el estado del bienestar.

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