Los directivos de redes sociales de Australia podrían pasar hasta tres años en la cárcel si no eliminan rápidamente contenidos violentos.
Una medida anunciada a raíz de la difusión de imágenes en Facebook del atentado de Christchurch.
Austria, por su parte, investiga los vínculos del terrorista con la rama local de un movimiento supremacista europeo.