Si nada lo impide, Nely será desahuciada de su casa el próximo 17 de diciembre. Vive de alquiler con su hijo de ocho años y su vivienda está en manos de una entidad bancaria que no quiere renovar el contrato. "No tengo dónde ir, no sé qué voy a hacer", afirma esta inquilina. "Con 400 euros, ¿cómo puedo conseguir una vivienda?", se pregunta.
Precisamente esta semana, los socios en el Gobierno de coalición han alcanzado un acuerdo para suspender los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma.
La moratoria, por tanto, solo estaría vigente hasta el 9 de mayo. Un plazo que, a juicio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), "no es suficiente", según explica su portavoz en Madrid, Marga Rivas.
"Yo creo que no voy a poder salir de esta situación, es muy poco tiempo", afirma por su parte Nely, ante la perspectiva de tener que encontrar un hogar, con sus ingresos, en menos de seis meses.
Cortes de suministros
Según lo acordado, las comunidades autónomas son quienes tienen que ofrecer una vivienda alternativa a las familias en un plazo de tres meses. Sin embargo, las plataformas antidesahucios alertan de que no hay parque público para tanta demanda. "No hay vivienda pública, porque la vivienda pública ha sido vendida", afirma Rivas.
Desde el Sindicato de Inquilinos temen que esto lleve a que las familias acaben igualmente en la calle. "Cuando las comunidades autónomas remitan al juzgado que no tienen vivienda pública, el juzgado dirá: he esperado tres meses, pues desahucio igual", presagia Fernando Bardera.
Además, PSOE y Podemos continúan negociando si también prohibirán el corte de suministros básicos, algo que pedía la formación morada. "No vamos a estar de acuerdo para nada en que no se garanticen los suministros de agua, luz y gas", advierte José Luis González, portavoz de la PAH de Valencia.
Un centenar de vecinos, a punto de irse a la calle
Mientras tanto, el calendario aprieta para 94 vecinos de la Pobla de Vallbona, cuyo desahucio está previsto para el próximo miércoles, debido a que el juez no da validez a los contratos que firmaron con la promotora. "No estaba sellado por el Registro de la Propiedad, entonces, no era válido", explica Nely Saiz, una de las afectadas.
¿Qué hacemos con nuestros hijos, nos vamos a la calle con la pandemia?"
La empresa quebró y una entidad bancaria se quedó con el edificio. "Les dicen que si te vas antes del día 7, te doy 3.000, te doy 4.000.... todos los días amenazando", denuncian desde la PAH.
Ahora, un juez ha ordenado su desalojo, que se les les notificó hace un par de semanas, según relata Vanesa Santiago, otra afectada. Cuenta que solo les dieron 20 días de plazo para dejar sus casas. "¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, nos vamos a la calle con esta pandemia?", pregunta.
Durante el segundo trimestre del año, se registraron casi 1.400 desahucios, aunque no todos correspondían a familias en situación de vulnerabilidad económica. Fueron un 85% menos que en el trimestre anterior por la paralización de los procesos judiciales durante el confinamiento.