El aborto, un derecho de 40 años que todavía tropieza: el Gobierno lanza una web para informarse sin trabas

Han pasado 40 años desde que España aprobó su primera ley del aborto, y, sin embargo, sigue sin ser un derecho plenamente garantizado. En ciudades como Melilla, acceder a una interrupción voluntaria del embarazo es directamente imposible: todos los médicos de la sanidad pública se han declarado objetores de conciencia. En Ceuta, la situación apenas es distinta. Un retroceso de facto que, en pleno 2025, mantiene a muchas mujeres en la misma encrucijada que hace décadas: tener que buscarse la vida, viajar fuera o depender de clínicas privadas.

Este lunes, los ministerios de Igualdad y Sanidad ha presentado quieroabortar.org, una página web que reúne información práctica y actualizada sobre cómo ejercer este derecho en cualquier punto de España. La intención es clara: reducir desigualdades territoriales y acabar con la sensación de que, en algunas comunidades, el aborto es un derecho solo sobre el papel.

"En el momento en el que la extrema derecha quiere poner sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos ese retroceso y ese límite a nuestra propia emancipación, es fundamental garantizar el acceso real al aborto", ha advertido la ministra de Sanidad, Mónica García. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido más contundente: "Nos quieren en casa, sumisas y calladas".

De la clandestinidad al derecho en disputa

El aborto entró en la agenda política española en 1985, con la aprobación de la primera ley que lo despenalizaba en tres supuestos: violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre. Fue una conquista parcial, porque muchas mujeres siguieron recurriendo a clínicas en Inglaterra, Francia o Países Bajos. O enfrentándose a juicios en España. Las canciones feministas de la época lo resumían en un grito: "¡Exigimos derecho a abortar!".

En los años 90, el debate se polarizó aún más. Intentos legislativos para ampliar los supuestos fracasaron entre manifestaciones masivas y declaraciones de líderes políticos que insistían en dictar qué debían hacer las mujeres con su propio cuerpo. No fue hasta 2010 cuando se reconoció el aborto como un derecho hasta la semana 14, un cambio histórico que situaba a España entre los países europeos más avanzados en la materia.

Pero esa conquista nunca ha sido completa. En la práctica, la sanidad pública sigue sin dar respuesta suficiente: el 81% de las interrupciones voluntarias se realizan en clínicas privadas. En algunos hospitales, la objeción de conciencia es la norma, y en territorios como Ceuta y Melilla convierte un derecho fundamental en una quimera.

Un derecho en el centro de la batalla política

El lanzamiento de quieroabortar.org no es solo una medida técnica. También es un mensaje político. En un contexto donde la ultraderecha ha vuelto a poner en cuestión derechos conquistados —desde la educación sexual hasta la ley de plazos—, el Gobierno busca blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

La nueva herramienta quiere evitar que ninguna mujer se sienta desamparada o desinformada. Pero, al mismo tiempo, reabre un debate de fondo: ¿de qué sirve que una ley reconozca un derecho si luego no puede ejercerse en igualdad de condiciones en todo el territorio?

40 años después de la primera ley, las consignas feministas que exigían poder decidir sobre el propio cuerpo siguen resonando. Y el Gobierno intenta que no caigan en el olvido, en un momento en el que la batalla por la autonomía de las mujeres vuelve a estar, una vez más, en juego.

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