Hasta 200 familias acosadas por un fondo buitre para abandonar sus casas: denuncian presiones para no acogerse a la prórroga del alquiler del Gobierno

Unas 200 familias denuncian que están siendo intimidadas para que no pidan la prórroga del alquiler aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Al menos 200 familias que viven en 13 bloques en el centro de Madrid. Sus viviendas pertenecen a la Iglesia, pero la institución religiosa se las vendió a un fondo de pantalla.

Y eso no es todo, porque estas viviendas, recordemos que son trece edificios, volvieron a cambiar de manos. Se ha producido una reventa y la nueva empresa está presionando a los inquilinos para que abandonen sus hogares.

Piedad lleva 12 años en uno de los edificios afectados. Desde que entró en vigor el real decreto del alquiler, denuncia que no ha dejado de recibir llamadas. "Son llamadas muy insistentes", asegura Piedad, que explica que en esas comunicaciones le dicen "que esto no va a seguir adelante". En referencia a su vivienda y su estancia en ella. Porque el contrato de Piedad termina en julio y quieren que deje el edificio. "Incluso van a realizar obras y nos dicen que si podemos hacer una salida amistosa", lamenta.

Otras vecinas de renta antigua, como Maricarmen, también han recibido presiones. Les preguntan "cuánto quieren por los pisos". Pero las inquilinas aseguran que "quieren morir" en sus casas, "porque llevan desde que han nacido aquí".

Desde Más Madrid piden a los inquilinos que no hagan caso a las amenazas. Porque, como ha explicado Lucía Lais, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid: "Lo que quieren es vaciar estos edificios para poder especular".

Por ello, insisten a las familias que "pidan el real decreto, que pidan la prórroga, que va a funcionar".

Este edificio y otros 13 fueron legados por particulares a la fundación Fusara, vinculada al Arzobispado de Madrid. La idea era que los gestionara y los dedicara al acogimiento de personas con rentas bajas. Sin embargo, en 2019 fueron vendidos a empresas pantallas y fondos buitre.

Hace unos meses el arzobispado habría llegado al acuerdo con otra empresa para revenderlos a un precio mayor. "Me ha llamado el abogado de la nueva propiedad", cuenta Clara, otra inquilina afectada. Asegura que le han dado hasta el 1 de julio. "No me cobran la renta hasta el 1 de julio si me voy ese día".

Los abogados representantes de la nueva propiedad mantienen que están intentando llegar a acuerdos con los inquilinos. Recordemos que son unas 200 familias afectadas que llevan desde 2019 en un proceso judicial. Si no encuentran una solución, irán hasta al Tribunal Constitucional.

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