Acuerdo PP-Vox
Vox tendrá competencias de violencia de género en Andalucía: ¿Qué puede suponer para la atención a las víctimas?
Los detalles El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), estará al cargo de las competencias de violencia de género vinculadas directamente con Justicia.
Resumen IA supervisado
Vox gestionará en Andalucía las competencias de violencia de género relacionadas con la justicia, bajo el nuevo vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira. Este partido, que niega la violencia de género, podrá reorganizar unidades contra la violencia machista, modificar protocolos y decidir prioridades presupuestarias, incluyendo el SAVA y las UVIVG. Aunque no podrá cambiar la ley ni el Código Penal, preocupa que disminuya recursos, como la posible eliminación de las UVIVG. También se teme que repita su solicitud de 2019 de crear listas de profesionales, lo cual fue rechazado entonces. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, critica esta decisión como irresponsable.
* Resumen supervisado por periodistas.
Vox va a gestionar en Andalucía las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia. Concretamente, el responsable será el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, tal y como se recoge en el acuerdo de gobierno alcanzado entre la formación de extrema derecha y el presidente, Juanma Moreno.
De esta manera, el partido que lidera Santiago Abascal y que niega la existencia de la violencia de género, tendrá el poder para reorganizar las unidades contra la violencia machista vinculadas a Justicia; modificar protocolos internos o decidir prioridades presupuestarias. Gestionará así servicios clave como el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) o las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG).
También podrá alterar la estructura administrativa; nombrar responsables políticos y directivos; y ampliar o reducir recursos humanos y materiales.
Eso sí, todo ello deberá hacerlo siempre dentro de los límites legales y respetando la normativa superior, es decir, la legislación estatal sobre violencia de género. Porque lo que Vox no podrá modificar es la ley (Ley Orgánica 1/2004, que seguirá plenamente vigente) y, por supuesto, el Código Penal ni el funcionamiento de los juzgados.
Los informes de valoración de los casos seguirán siendo elaborados por los profesionales (médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales) sujetos a normas técnicas y deontológicas. Además, los jueces seguirán siendo los responsables de valorar las pruebas y adoptar las decisiones judiciales pertinentes. La Junta tampoco podrá ordenar a un forense que emita un determinado informe.
Preocupación por una disminución de recursos
Sin embargo, preocupan las medidas que pueda tomar Vox para disminuir los recursos disponibles, como una posible eliminación de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), que se encargan de elaborar informes periciales para los juzgados de violencia de género a petición de la autoridad judicial.
A este respecto, las comunidades con competencias en Justicia tienen margen para organizar sus servicios médico-forenses. No obstante, cualquier decisión debe respetar siempre la legislación estatal, el derecho a la tutela judicial efectiva y las funciones que los Institutos de Medicina Legal tienen atribuidas por la normativa estatal.
Además, una eventual supresión o una reducción que afecte al funcionamiento de la justicia podría acabar siendo impugnada judicialmente.
¿Políticas contra los profesionales?
Otra pregunta que inquieta es si habrá campañas de señalamiento contra los profesionales que se dedican a estas cuestiones.
No es una cuestión baladí, ya que en 2019, cuando la formación entró por primera vez en el Parlamento andaluz, reclamó crear una lista de los empleados públicos de la Consejería de Justicia encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de violencia de género para los juzgados de familia.
En su solicitud, Vox pidió "una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, (...) de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género".
Lo mismo reclamó de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía. Todos estos datos, entre 2012 y 2019, y bajo el pretexto del supuesto "sesgo ideológico" y de que muchos de estos trabajadores no estaban cualificados para el trabajo.
En aquel momento, el Ejecutivo autonómico rechazó dar tal información, pero ahora será la formación de extrema derecha la que se haga cargo de estas competencias.
Críticas de Igualdad
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "irresponsabilidad" dejar la atención a las víctimas de violencia de género "en manos de quienes la niegan" y ha considerado que estas son "las consecuencias del pacto PP-Vox en Andalucía".
"290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad", ha criticado en X, donde ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo si está "rompiendo el Pacto de Estado".