contra la desmemoria
El Tribunal Constitucional frena la derogación de la ley balear de memoria democrática
El contexto El Gobierno central interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la iniciativa del Partido Popular (PP) y Vox que querían poner fin a la norma en la autonomía.
El Tribunal Constitucional frena la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares, después de que el Gobierno central interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la iniciativa del Partido Popular (PP) y Vox que querían poner fin a la norma en la autonomía. El tribunal ha admitido a trámite este recurso y, por tanto, como medida cautelar, anula su derogación.
En concreto, la suspensión se produce tras la invocación por parte del ejecutivo estatal del artículo de la Constitución que le otorga la potestad de impugnar ante el Alto Tribunal cualquier disposición o resolución adoptada por una comunidad autónoma. Además, de acuerdo con el órgano, esta decisión tiene efectos desde el pasado 9 de junio, fecha de interposición del recurso.
El pasado mayo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya anunció que se aprobaría la imposición del recurso para anular la derogación de la ley de memoria democrática en las islas. En su recurso, el Gobierno central sostiene que la derogación de la norma balear podría vulnerar dos derechos recogidos en la Constitución al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
El ejecutivo también considera, según recuerda la agencia EFE, que esta ley de derogación podría invadir competencias estatales recogidas en la Carta Magna, así como quebrantar el principio de colaboración entre el Estado y las comunidades.
Para el Gobierno, la norma puede vulnerar los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogidos en la Constitución española.
Con la admisión a trámite del recurso, la derogación de la ley de memoria democrática aprobada por el Parlament balear el pasado marzo con el voto de Vox y el PP queda suspendida hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia.