Un Constitucional totalmente dividido ha fallado a favor de mantener en pie de forma cautelar el complejo residencial y turístico Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. Así lo ha resuelto tras el recurso de presentado por la Junta de Extremadura por la decisión del Tribunal Supremo, que en febrero de 2022 acordó la demolición total del complejo turístico residencial, sobre el que ya hay construidos unhotel, viviendas, campo de golf y otras instalaciones.
La paralización cautelar del derribo fue solicitada por la Junta de Extremadura, los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y la Comunidad de Propietarios del Complejo Norte, Centro y Sur de la Isla de Valdecañas.
El Constitucional ha accedido a esta paralización cautelar del derribo hasta que este se pronuncie sobre el fondo del asunto porque derribarlo conllevaría "perjuicios económicos difícilmente reparables" o irreversibles. La decisión del Pleno cuenta con el voto particular de la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, las magistradas María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez, y el magistrado Ramón Sáez, que consideran que la suspensión de la ejecución de la sentencia es prematura porque no hay riesgo inminente, al margen de que no se contempla en la ponderación el interés público de protección del medio ambiente.
15 años de batallas judiciales
Valdecañas es una isla de 134,5 hectáreas emplazada en mitad del embalse que lleva el mismo nombre, una zona protegida en la que empezó a construirse en 2007 tras una modificación de la ley acordada por PSOE y PSOE en la Asamblea de Extreamadura que sorteaba esa protección medioambiental.
El embalse está protegido por la figura de Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), perteneciente a la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Al nombrarlo Proyecto de Interés Regional (PIR), la Junta de Extremadura pudo recalificar los terrenos para hacerlos urbanizables. Fue en ese momento cuando comenzaron las obras y la batalla judicial promovida por Ecologistas en Acción y Adenex que llega hasta nuestros días. El primer varapalo vino de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero el Gobierno extremeño no dio su brazo a torcer y ha seguido recurriendo hasta llegar, por ahora, ante el Constitucional.