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El Supremo abre una tercera causa contra Alvise Pérez por sus mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia

Los detalles
Alvise Pérez enfrenta tres causas legales: una por aceptar 100.000 euros de CryptoSpain para su formación política en las europeas y otra por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa.

Imagen de archivo de Alvise Pérez.
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El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, a raíz de unos mensajes enviados en Telegram que habrían incitado a sus seguidores a acosar a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Esta tercera causa se suma a las dos ya abiertas contra el eurodiputado por otros presuntos delitos.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha basado su decisión en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que inició diligencias tras la denuncia interpuesta por Gisbert. La fiscal acusó a Pérez de un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio a través de redes sociales, tras ser víctima de amenazas e insultos de parte de desconocidos.

Los mensajes en Telegram, en los que Pérez alentaba a sus seguidores a desarrollar una animadversión hacia la fiscal, habrían provocado una oleada de ataques en sus perfiles.

El Tribunal Supremo ha señalado que la actitud de Pérez podría encajar en el tipo penal de acoso, conocido como 'stalking', al considerar que sus palabras fueron un llamado a un grupo cercano a los 40.000 seguidores para comprometer la vida cotidiana de Gisbert. La Sala destaca que las amenazas y ataques sufridos por la fiscal podrían haber sido el resultado directo de las incitaciones de Pérez, lo que demuestra una posible intención de acosar de manera permanente a la víctima.

Este nuevo proceso se añade a las dos causas previas abiertas contra Pérez. Una de ellas, por la presunta recepción de 100.000 euros de la empresa CryptoSpain para financiar su formación política en las elecciones europeas de 2024, y otra, por difundir una prueba falsa de COVID-19 que involucraba al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

En la causa relacionada con CryptoSpain, el Tribunal Supremo ha iniciado diligencias por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. El PSOE se ha personado como acusación popular en este caso tras abonar una fianza de 15.000 euros.

En cuanto al test falso de Illa, el Alto Tribunal investiga a Pérez por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias, debido a los indicios presentados por un juzgado de Barcelona que, al ser Pérez un eurodiputado, elevó el caso al Tribunal Supremo.