El subdirector general de Emergencias apunta que en el Cecopi "se alargaron los debates" y "nadie tenía toda la información" al inicio

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha explicado en su comparecencia en calidad de testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, responsable de la instrucción del juicio de la DANA en el Juzgado de Catarroja, que "se alargaron los debates" durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, lo cual retrasó el envío del aviso a través del sistema Es-Alert hasta las 20:11 horas, cuando la mayor parte de los municipios afectados estaban completamente inundados.

Suárez ha detallado que Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias, fue el encargado de transmitir la orden de elevar la emergencia de nivel 1 a 2 por orden de la exconsellera Salomé Pradas, contradiciendo así el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones, que indicaba que era Pradas la responsable de tomar la decisión de forma directa.

Pradas "no veía que pudiera adoptar medidas sin consultar a la Abogacía"

Asimismo, ha expuesto las dudas jurídicas que se plantearon en el seno del Cecopi cuando se pretendía confinar a la población. El funcionario, asegura, fue "taxativo" informando a Pradas de que la Ley de Emergencias le daba un amplísimo margen para tomar decisiones. Sin embargo, la consellera dijo que "no veía que pudiera adoptar medidas sin consultar a la Abogacía" de la Generalitat Valenciana.

El subdirector de Emergencias también ha asegurado que "nadie tenía toda la información" desde el principio de la reunión, y que el Cecopi empezó a ser plenamente consciente de la gravedad de la situación a partir de las 19:30, cuando se reanudó tras un receso. A partir de esa hora, el Cecopi tuvo constancia de la mano del inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, de que había al menos un fallecido.

A partir de ese momento, según la declaración de Suárez, los responsables de la emergencia se percataron de que no se trataba de una situación puntual en Utiel y la presa de Forata, como se pensaba en un primer momento, sino que afectaba a buena parte de la provincia de Valencia. De hecho, ha aseverado que la información no llegaba "unida a la palabra Rambla del Poyo", sino que se hablaba de "municipios".

Los debates sobre el Es-Alert

Suárez ha explicado que, desde el primer momento, planteó al Cecopi varios borradores del mensaje que se iba a enviar a través del sistema Es-Alert. Unos mensajes que, sostiene, fueron rebajándose a un "lenguaje menos imperativo", distanciándose de su primera propuesta, en la que se pedía a la población que se refugiase en zonas altas para evitar ser arrastrados por la riada. Unos debates sobre el contenido que, sostiene, retrasaron el envío de la notificación de Protección Civil.

De nuevo, ha insistido en que la decisión del envío del Es-Alert correspondió a la "dirección del plan", primero a cargo de Emilio Argüeso y, a partir de la declaración del nivel 2 de la emergencia, de la exconsellera Salomé Pradas.

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