Sanidad llevará a Ayuso a los tribunales por su negativa a crear el registro de objetores del aborto

El Ministerio de Sanidad iniciará los trámites para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la negativa de Isabel Díaz Ayuso a implementar en la Comunidad de Madrid el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley para garantizar el derecho al aborto. Así lo ha anunciado la ministra titular del ramo, Mónica García, que ha aseverado este sábado que la presidenta madrileña "tendrá que responder ante los tribunales" por "esa rebelión que le ha declarado a la ley".

"No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no sé cuál es esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha lamentado la titular de Sanidad, que ha advertido de que "en este país la ley se cumple". "Ayuso ha decidido, una vez más, ponerse del lado equivocado de la historia, nosotros hemos decidido ponernos del lado de la libertad de las mujeres para poder elegir sobre su cuerpo, sobre su vida y su maternidad", ha añadido

García ha recordado que a medianoche vencía el plazo de un mes para que la Comunidad de Madrid pusiera en marcha ese registro de objetores. "Como se ha declarado insumisa con la ley, nosotros vamos a seguir con ese procedimiento y vamos a ir a los tribunales.", ha explicado, precisando que su departamento iniciará "los trámites para interponer un contencioso-administrativo".

Así, ha remachado, Ayuso "tendrá que responder ante los tribunales sobre esa obstaculización de la ley y esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la comunidad de Madrid".

La rebeldía de Sol

El registro de objetores de conciencia es un listado de profesionales sanitarios que se niegan a practicar abortos. No es público, por mucho que Ayuso hable de "listas negras", sino que se utiliza a nivel interno, para organizar la prestación del servicio asistencial, de forma que no se dé la situación de que no haya ningún profesional que sí esté dispuesto a practicar este tipo de intervenciones en la sanidad pública.

Se trata, por tanto, de una condición clave para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero Ayuso se ha enrocado con este asunto para confrontar con el Ejecutivo central, al punto de quedarse sola en ese pulso, porque es la única presidenta autonómica del Partido Popular que se sigue negando a ponerlo en marcha.

Sanidad había dado un mes a las tres comunidades autónomas a las que envió un requerimiento para crear el registro de objetores, un plazo que vencía este viernes. Las otras dos comunidades apercibidas eran Aragón y Baleares y ambas han cumplido ya con la exigencia, según Sanidad. No así, en cambio, la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña ya adelantaban este viernes a laSexta que no les importaba llegar a los tribunales. "Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie", aseveraron. "Si se nos obliga a hacer un registro de objetores, con la Constitución en la mano, actuaremos para defender la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental", agregaban desde Sol.

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