Las preguntas que debe hacerse el Supremo para decidir si condena al fiscal general del Estado

Visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega el turno para los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, tendrán que decidir si absuelven o condenan al jefe del Ministerio Público en una sentencia que, al igual que todo el procedimiento, no tiene precedente en la historia de España.

El tribunal tendrá que dar respuesta a los principales interrogantes que se han ido suscitando a lo largo de la vista oral, en la que se han ido encadenando testimonios sobre la filtración periodística que, en la noche del 13 de marzo de 2024, provocó que la opinión pública conociera que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había autorizado a su abogado para que reconociera que había cometido dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021.

Las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de cárcel por revelación de secretos y la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, reclaman la libre absolución. Estas son las principales preguntas sobre las que desde hoy tendrán que reflexionar los miembros de la Sala:

¿Puede atribuirse la filtración a García Ortiz?

El principal indicio que manejan las acusaciones son las manifestaciones que realizó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contraria a desmentir el bulo que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, lanzó al asegurar que la oferta de acuerdo de conformidad con González Amador había partido de la Fiscalía y que esta había sido abortada desde la cúpula de la institución por motivos políticos. "Habéis filtrado los correos", le espetó, a lo que García Ortiz le habría contestado, según su relato, que "eso ahora no importa". El fiscal general negó taxativamente esta conversación, que atribuye a la "desafección" que Lastra siente por él y por su equipo, al tiempo que aseguró que nadie se dirigiría en esos términos al jefe máximo de la Fiscalía.

En una línea similar consta el testimonio del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que destacó la vulneración del derecho de defensa y del secreto de las comunicaciones que supuso la filtración, para acusar a continuación García Ortiz de querer poner "paños calientes" y cerrar en falso el asunto. En todo caso, admitió que el principal afectado por la revelación, Carlos Neira, el abogado de González Amador, nunca pidió amparo a la institución.

¿Borró el fiscal general sus dispositivos para eliminar las pruebas?

A estos indicios periféricos se suma el borrado de los teléfonos y de la cuenta de correo electrónico de Gmail que García Ortiz realizó los días 16 y 23 de octubre, y que fueron detectados y explicados en el juicio por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y sus colaboradores.

El acusado justificó este borrado por motivos de seguridad y aseguró que lo hacía periódicamente cada mes por la importancia de la información que acumula en sus dispositivos. "Si me dejo el móvil en un bar, estoy poniendo en peligro a muchas personas", afirmó.

¿Cuándo y dónde se produjo la revelación de secretos?

Otra pregunta a la que los magistrados tendrán que dar respuesta en su sentencia es cuándo y dónde se produjo la revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador. La tesis de la UCO y de la instrucción que se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y remató el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado es que esa revelación se produjo a las 23:51 del 13 de marzo, con la noticia que lanzó 'Cadena Ser' en la que se informaba del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del novio de Ayuso informaba de que "ciertamente" su cliente había cometido "dos delitos contra la Hacienda pública".

La Fiscalía y la defensa sostienen que el secreto se reveló en la web de laSexta, que a las 22:10 publicó que la oferta de pacto englobaba dos delitos fiscales y que había sido propuesta por la defensa de González Amador y no por el fiscal del caso, Julián Salto, que simplemente se avino a estudiar su propuesta en un correo que escribió el 12 de marzo. Ese comunicación fue publicada en 'El Mundo' con la versión averiada que Rodríguez estaba facilitando a "su gente", como llegó a decir en el juicio la pareja de la presidenta, en referencia a la lista de periodistas a las que mandó un mensaje.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que "no se puede revelar lo ya revelado", por lo que en teoría la primera filtración de datos anularía todas las demás, incluida la del comunicado de prensa que el 14 de marzo por la mañana difundió la Fiscalía Provincial de Madrid, que incluía un extracto del correo electrónico de Neira. "Lo hicimos para que la nota no se quedara coja", indicó García Ortiz.

¿Cuánto pesa el testimonio de los periodistas?

Los destinatarios finales de la filtración fuimos los periodistas que recibimos la información y que publicamos en nuestros medios los extractos del correo electrónico sometido a controversia. Al menos cuatro declaramos que manejamos la información que provocó la revelación del secreto antes de que el fiscal general del Estado recibiera en su correo electrónico el expediente completo de González Amador, algo que la instrucción dejó acreditado que se produjo a las 21:59 de ese día 13 de marzo. En laSexta demostramos que la información sobre la oferta de pacto fue volcada al chat de tribunales de la cadena a las 21:54 y se difundió a través de la web 16 minutos más tarde.

El "dilema moral" al que se enfrentan los informadores lo resumió el periodista de 'Eldiario.es' José Precedo, que aseguró en el juicio: "Es una persona que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no la puedo decir por el secreto profesional".

¿Podrían anularse los registros en los que se sustenta toda la instrucción?

La investigación contra García Ortiz se sustenta en los registros que la UCO realizó el 30 de octubre de 2024 en el despacho del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que no había borrado sus dispositivos. Los agentes han reconocido en el juicio que se llevaron todo el contenido de los dispositivos y que después los expurgaron para acogerse a lo dispuesto inicialmente por el juez instructor, Ángel Hurtado, que limitó el volcado de material entre los días 8 de marzo y 30 de octubre de 2024. Posteriormente, el magistrado acotó la investigación a únicamente seis días, entre el 8 y el 14 de marzo.

La defensa de García Ortiz sostiene que esos registros son nulos porque vulneraron los derechos fundamentales de su cliente, baza que previsiblemente utilizará en un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. Los agentes se contradijeron en su testimonio, ya que unos explicaron que acotar el volcado era "técnicamente imposible" y otros dijeron que se podía hacer pero les habría llevado "mucho tiempo".

¿Puede ser condenado el fiscal general por infidelidad en la custodia de documentos?

Las acusaciones manejan una vía alternativa a la condena por revelación de secretos: que García Ortiz sea condenado por infidelidad en la custodia de documentos. La defendió en la última jornada del juicio el abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, con el argumento de que entre las facultades que tenía otorgadas el jefe de los fiscales está la de custodiar el documento que fue filtrado a los medios de comunicación. Esta acusación no pide penas de cárcel por este delito, pero sí la inhabilitación durante tres años y una multa de 144.000 euros.

¿Debe ser indemnizado el novio de Ayuso?

La defensa de González Amador atribuye a García Ortiz unos "hechos delictivos" que le causaron un "continuado e incesante daño en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución", por lo que reclama una indemnización por daños morales de 300.000 euros. "Pasé a ser el delincuente confeso del reino de España", clamó González Amador durante su declaración, en la que se llegó a preguntar: "¿Qué hago, me voy de España? ¿O me suicidio?".

Su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, reclamó la reparación del daño para su cliente tras sostener que medio Gobierno le llamó "delincuente confeso" tras la creación, por parte de la Fiscalía, de un relato político e institucional basado en "la confesión y la culpabilidad".

¿Es censurable éticamente mentir en política? ¿Y tener amnesia?

La derivada política del juicio es otra de las cuestiones que, aunque de soslayo, tendrá que abordar la sentencia del Tribunal Supremo. Miguel Ángel Rodríguez aseguró en la instrucción que su versión sobre la oferta de conformidad partió de "deducciones" y "suposiciones" que hacía porque, debido a su edad, ya tiene "el pelo blanco". En el juicio, para evitar decir que se lo inventó, el asesor de Ayuso utilizó el eufemismo de que no tenía "ninguna fuente". "Yo no tengo ninguna fuente. No soy un notario, que necesita una compulsa", esgrimió.

Con esa clave partidista también hay que leer el testimonio de la socialista Pilar Sánchez Acera, asesora del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la mañana del 14 de marzo la dirigente mandó el correo del abogado de González Amador al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, para que lo utilizara contra Ayuso. "Me lo envió un periodista de local", aseguró. Cuando le preguntaron quién, dijo que no lo recordaba. Cómo llegó ese correo a Moncloa es una de las grandes incógnitas del proceso que la sentencia no podrá despejar. Ese detalle, camuflado en la amnesia de Sánchez Acera, probablemente nunca se sabrá.

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