La derecha ha derruido la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y la UCO. Tensar tanto la goma tiene el riesgo de que se rompa y te salte los dientes. Jueces como Manuel Marchena, que se las veían muy felices viendo a su archienemigo Álvaro García Ortiz ante un juicio oral que creyeron que le haría dimitir, ahora tiene el marrón de condenar sin pruebas, con los revolcones que vendrán de Europa después, o absolver dejando a los pies de los caballos a su propio tribunal y a la unidad de la Guardia Civil que investiga estos casos y que hasta ahora todo lo que decía se tomaba como grabado en piedra. Nada que decida el Tribunal Supremo dejará indemne a la propia institución. La erosión ya es imposible de evitar, cuando se hacen chirriar los resortes del Estado corres el riesgo de hacerlo gripar.

Me resulta totalmente inconcebible que con lo visto en el juicio del Tribunal Supremo se pueda establecer una condena con las pruebas, y falta de ellas, que se han podido presenciar y presentar. Más aún con la tormenta de testificales exculpatorias que han sido imposibles de superar por las acusaciones a pesar del voluntarismo de la UCO, que ha enseñado la patita de manera indisimulada para ir contra el Gobierno y a favor de los intereses del novio de Isabel Díaz Ayuso y de todos que han querido cobrarse las deudas personales con el fiscal general del Estado.

La declaración de la UCO en el juicio es la muerte de su credibilidad como unidad de élite. A partir de hoy cualquier informe que haga habrá que tomárselo con cautela y distancia, aunque ya se venía haciendo por los que leíamos de manera crítica cada papel que sueltan, viendo el escaso rigor con el que trabajan sin entender ni lo que significan las palabras que utilizan. Es comprensible que no quieran que los juicios en los que intervienen se emitan en directo porque acabarían despreciados intelectualmente por cualquiera que haya logrado la ESO.

El teniente coronel Antonio Balas, al ser preguntado sobre el hecho de que no hayan investigado la posibilidad de que la filtración estuviera a cargo de alguna de las más de 500 personas que tuvieron acceso al expediente y el correo tanto en las diversas fiscalías como en la abogacía del estado, dijo que ellos no hacen investigaciones prospectivas provocando la carcajada en la sala. Es escandaloso que el Guardia Civil que dirige la unidad de élite de la benemérita no sepa lo que signifiquen las palabras ni el papel de quien tiene la obligación de investigar y obviar que su responsabilidad es investigar el hecho y no buscar la culpabilidad en alguien previamente señalado. Si existen más de 500 personas con acceso a la información filtrada su obligación es investigar el hecho y buscar quién cometió el delito entre todos los que tuvieron acceso. Descubrir quién cometió el delito, vamos. Sea quien sea, y no buscar si ha sido el que te cae mal.

Otro de los momentos bochornosos sucedió cuando a Antonio Balas se le preguntó si pidió permiso al juez para volcar los datos más allá de lo expresado en el auto de instrucción para el registro del despacho del fiscal general del Estado. Es decir, si la UCO se saltó la orden del juez de ceñir el volcado de los datos a un periodo de siete meses vulnerando los derechos fundamentales del investigado. Antonio Balas respondió que no se acordaba si había pedido permiso al juez. Que no se acordaba.

Asusta ver cómo la unidad de élite de la Guardia Civil actúa al margen de los mandatos judiciales en lo que respecta a los derechos fundamentales de los investigados. Es la costumbre. De hecho, la Fiscalía que ahora se queja, con razón, de este proceder validó esa vulneración de derechos fundamentales en otros casos en los que se hizo un registro por elevación como por ejemplo el registro en el despacho de Gonzalo Boyé en el caso en el que se le acusa de blanqueo de patrimonio de Sito Miñanco.

El juicio al fiscal general del Estado nunca se habría tenido que celebrar porque en la instrucción ya quedó claro que no había agua en la piscina. El problema de origen es que todo estaba intoxicado por el interés político de todos los resortes del estado profundo por salvar a Ayuso a través de su novio. El poder en Madrid está viciado y sometido a la necesidad que el PP nunca dejé de gobernar la capital al precio que sea, porque no podemos olvidar que toda la causa ha venido inducida por la mentira de Miguel Ángel Rodríguez que estaba interesado por motivaciones políticas en verter una sospecha sobre la actuación de Álvaro García Ortiz para vengarse y buscar la nulidad del proceso contra Alberto Quirón. La democracia está herida porque tenemos a un Tribunal Supremo al servicio de un ciudadano particular por el simple hecho de compartir ático con una política pepera muy particular.

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