Sánchez anuncia un plan anticrisis de 80 medidas y 5.000 millones: "Estoy muy enfadado con la situación que vive el mundo"

"Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias". Es una de las frases con las que ha arrancado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su comparecencia para detallar las medidas del plan anticrisis que el Gobierno de coalición ha aprobado tras un convulso Consejo de Ministros. Reconociendo que está "muy enfadado con la situación que vive el mundo", el presidente ha denunciado que esta guerra "ilegal" en Irán "va a costar a los españoles 5.000 millones de euros", un dinero que "podría destinarse en becas o dependencia".

No obstante, Sánchez ha lanzado un mensaje de calma y de confianza en la economía española. España "va a salir más fuerte de esta crisis". "Lo que venga nos va a afectar, pero si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor", ha destacado valorando la rigurosidad de las cuentas de España y detallando las "80 medidas" que entrarán en vigor "mañana mismo". Medidas que según Sánchez van a beneficiar a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas".

Así, ha sacado pecho del plan que impulsa el Ejecutivo. "Seremos el país con el mayor escudo social de toda la UE de una guerra que no avalamos", ha defendido añadiendo además que las medidas "estarán vigentes todo el tiempo que sea necesario" y que "si es necesario se ampliarán".

Controles a las grandes energéticas para que no se produzcan abusos

Sánchez ha subrayado que "se castigará con dureza" a las empresas beneficiarias de las ayudas que se aprovechan para su enriquecimiento de esta crisis o de las ayudas del Estado "que pagan con sus impuestos los ciudadanos". "Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra", ha enfatizado Sánchez.

El decreto de medidas anticrisis incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible. En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de Competencia, así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

Para ello, se modificará la Ley del sector de hidrocarburos, concretamente el artículo 116, para aclarar la competencia sancionadora de la CNMC en ese ámbito, al tiempo que se plantea un esquema de seguimiento más cercano de la evolución con informes periódicos y recabando información adicional de los distintos agentes.

Sánchez ha justificado esta medida apelando a la "mayor transparencia" y "capacidad de respuesta" en caso de que se puedan producir "desmanes que por pura codicia puedan perpetrar" algunas empresas, y ha indicado que medidas de este tipo las están llevando a cabo en muchos otros países para proteger a los consumidores y usuarios.

Las claves de los dos decretos

El primer real decreto contendrá la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes al 10%. También rebajas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto al valor de producción eléctrica. Se prohibirán cortes de suministros básicos a los más vulnerables y habrá un incremento del descuento del bono social eléctrico, con aumentos también a las ayudas al bono social. Además, habrá un bloque de medidas para acelerar la transición energética.

También habrá una rebaja al impuesto especial a los hidrocarburos. En estos momentos, el tipo del impuesto especial de hidrocarburos es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina. Asimismo, se aplicará un descuento de 20 céntimos en el carburante a transportistas y agricultores. Se reforzará el bono social eléctrico y térmico y habrá deducciones por eficiencia y vehículos eléctricos. Así, se aplicarán medidas de impulso a la energía verde (hidrógeno), el fomento del autoconsumo compartido y el apoyo a las cooperativas energéticas.

El logro de Sumar en este primer decreto ha sido el de lograr incluir una regulación de los márgenes empresariales de las energéticas.

En el segundo real decreto estaría la congelación de alquileres, un decreto que, en principio, no convalidará Junts en el Congreso de los Diputados. Sea como fuere, entra en vigor este sábado y se prorrogan durante dos años todos los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027. En 30 días habrá que ver si el Congreso tumba el decreto o lo mantiene en vigor.

Sánchez ha reconocido que en estos momentos aún no tienen los suficientes apoyos parlamentarios, pero que esperan conseguirlos. "En este segundo (decreto) es evidente que desde el Ejecutivo que no existe una mayoría para convalidarlo, pero no por ello el gobierno de coalición va a renunciar a dar respuesta a la emergencia habitacional. Por eso lo llevamos a parte, para seguir negociando y sacarlo adelante", ha sentenciado.

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