¿Qué pasará con los 6,6 millones del contrato de balas con Israel? El Gobierno sostiene que su fórmula evitará pagarlos

El Gobierno ha conseguido atajar la peor crisis de la coalición con la decisión de rescindir el contrato adjudicado a una empresa israelí para suministrar munición a la Guardia Civil. La tensión interna, disparada por el incumplimiento del compromiso de no comprar ni vender armas a Israel, se disipa, pero ahora la pregunta que está sobre la mesa es qué consecuencias puede tener la rescisión del contrato: qué va a pasar con los más de 6,6 millones de euros en los que estaba valorado y qué pasos dará la empresa israelí.

Moncloa ya avanzó el jueves que la Abogacía del Estado y los ministerios competentes estaban estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones ante la decisión de rescindir el contrato. De hecho, lo que había defendido Interior previamente es que no se podía dar marcha atrás porque la Abogacía había advertido de que la tramitación del contrato estaba demasiado avanzada y anularlo supondría tener que pagar por el material sin recibirlo.

Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, sostienen que con la fórmula que han encontrado no se va a pagar ese dinero. ¿Cuál es esa fórmula? El comunicado del jueves ya indicaba que la Junta de inversión de material de doble uso denegará a la empresa israelí el permiso de importación del material por razones de interés general y, "acto seguido", Interior "rescindirá el contrato". Las fuentes precisan ahora que, como no se va a permitir la entrada del material en España, Interior dirá que no se cumple el contrato.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido este viernes que la rescisión del contrato es "completamente legal", aunque prevé que puede haber litigios. "No corremos ningún riesgo, no hay ninguna acción incorrecta", ha defendido no obstante, en una entrevista con 'RNE' recogida por la agencia Efe.

Qué puede hacer la empresa

Lo que también está por ver es qué pasos dará la empresa israelí, aunque según los expertos lo más probable es que pidan la nulidad de la rescisión del contrato y así cobrar el importe íntegro.

"Que esa rescisión se declare nula de pleno derecho (…) Y entonces yo seguiría con el contrato, que es lo que quiere mi empresa. Seguir prestando el suministro y cobrar el precio para ello", resume David Muñoz Zapata, asociado senior en Administrativando Abogados. "La única motivación para resolver este contrato es una trifulca política", apunta.

El PP acude al Tribunal de Cuentas

De momento, el PP hace uso de su munición política y este viernes ha anunciado que llevará el asunto ante el Tribunal de Cuentas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se preguntaba ya la víspera "cuánto vale la rescisión de ese contrato" y quién la iba a pagar.

Ahora, los 'populares' critican lo que consideran una muestra de "abuso de poder" por parte del presidente del Gobierno "por motivos únicamente políticos". "¿Quién va a pagar la decisión de Sánchez de rescindir el contrato por interés personal?", insisten desde el partido, que alerta de que esto "tendrá un alto coste económico" y de que "nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos". A esa responsabilidad, añaden, "tendrán que hacer frente patrimonialmente quienes la ocasionen, no el bolsillo de los españoles".

El propio Feijóo ha advertido de que "el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta ante el Tribunal de Cuentas". "No sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar", ha deslizado.

Desde Sumar, a su vez acusan a los populares de defender los intereses de Israel. "Se quiere convertir en abogado de un criminal de guerra, en abogado de Netanyahu", ha denunciado Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, en Al Rojo Vivo.