Carles Puigdemont ha vuelto a pedir escolta personal ante el aumento de la "peligrosidad hacia su persona". Tras un primer intento hace casi dos años de conseguir escolta para el líder de Junts, desde su oficina han vuelto a solicitar a la consellería de Interior la presencia de un escolta tras las noticias del acuerdo con el PSOE y un mayor riesgo de ataque al expresident.
Esta petición ha sido realizada por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que ha comunicado por carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que ponga escoltas al expresident de la Generalitat ante el aumento de la "peligrosidad y el riesgo hacia su persona", detectado "desde hace algunas semanas".
En la carta, Alay solicita a Elena que asigne los escoltas "de manera inmediata y con carácter de urgencia ante la grave situación de inseguridad que persiste en el caso de Carles Puigdemont cinco años después de la creación de su oficina". En el escrito también recuerda que ya solicitó al conseller que pusiera escoltas a Puigdemont hace 22 meses y que dicha petición ha quedado sin respuesta y que la consellería de Interior tiene establecida por ley la competencia de prestar medios "materiales y humanos" a las oficinas de los expresidentes.
"Desde la creación de la Oficina del President Carles Puigdemont en julio del año 2018 hemos estado reclamando el cumplimiento de esta responsabilidad sin ningún tipo de éxito, más bien con el silencio como respuesta", detallan.
La difusión de esta carta llega el mismo día en el que se ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de amnistía, que podría beneficiar al exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar como asesor a un 'mosso d'esquadra' para que ejerciese de facto como escolta de Puigdemont.
Fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat, consultadas por EFE, han recordado que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.