El PP registra en el Congreso una "nueva propuesta normativa" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que plantea que los jueces sean elegidos por los propios jueces. "Hemos incorporado la despolitización de la Fiscalía General del Estado", ha explicado Pablo Casado en rueda de prensa, que insiste en la importancia de "garantizar la separación de poderes" y "la independencia judicial".
Sobre la propuesta registrada por PSOE y Unidas Podemos, - para que la renovación sea posible con mayoría de la Cámara y non como ahora con las tres quintas partes- PabloCasado señala que "a mí no me presiona nadie" y denuncia "el intento de ocupación de las instituciones del Estado por parte del Gobierno de Sánchez".
"Sánchez se ha pasado de frenada, nunca había llegado tan lejos. Por eso, en apenas unos días y gracias a la labor desplegada por el PP en las instituciones europeas, parece que el PSOE vuelve a plantearse la amenaza que formuló la semana pasada", añade el presidente del PP. La propuesta de PSOE y Unidas Podemos, además, al ser una proposición de ley no requiere de los informes del Consejo de Estado.
Casado ha defendido que "no ha habido bloqueo" para reformar el órgano de los jueces y que "no todo vale para el Gobierno a la hora de poner las instituciones a su servicio". Apunta así que seguirán los contactos y reuniones en Europa "para evaluar este tipo de reformas". Considera que "el PP ha sido coherente en todo momento" y apunta, como ejemplo de incoherencia, al presidente Sánchez y a su compromiso para garantizar la independencia del poder judicial.
El líder del PP ha dejado abierta la puerta a negociar, pero con el PSOE; insiste en excluir a Podemos porque considera que la renovación del Poder Judicial exige tres quintos de respaldo parlamentario y ello implica a los dos grandes (PP y PSOE), no a los demás, y menos a un partido como la formación morada que, según Casado, "está imputado" y quiere pactar con independentistas y con los "heredero" de ETA.
Mientras, también en rueda de prensa, el ministro Ábalos ha negado conocer la propuesta de Casado. Eso sí, no entiende la posición de los populares. "No puede ser que cuando los resultado de las urnas no te favorecen te llevas el balón y cambias las reglas del juego", ha argumentado el titular de Transportes.
Con respecto al papel de Unidas Podemos, Ábalos ha señalado que "no entramos en proscribir a un partido de la coalición de Gobierno, es algo poco democrático" y sostiene que el acuerdo se hace con el Ejecutivo en su conjunto.
"Me gustaría pensar que moderarán su actitud (sobre el PP) para negociar la renovación de los órganos institucionales, entre ellos el CGPJ. Estamos abierto, pero dentro del respeto a la formaciones que componen el Gobierno", ha añadido Ábalos.
En una línea más dura y crítica, la vicepresidenta primera del Gobierno,Carmen Calvo, consideró ayer "una vergüenza enorme" que el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa "solo para hacer antiEspaña y antipatria", y le reprochó a la formación que no se le escuche nada "a favor de su país", al tiempo que acusó al PP de "confundir, mentir e inquietar" los ciudadanos con la reforma del CGPJ. Calificó de "absolutamente inaceptable" la polémica que el PP ha sembrado con esta reforma cuando "nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas". "Tenemos el sistema mas riguroso de Europa, por mérito y capacidad, mediante oposición y formación rigurosísimo. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar", sentenció Calvo.
PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado martes en el Congreso su propuesta para reformar la ley que regula la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de modificar las mayorías parlamentarias necesarias para renovarlo y poner fin así al bloqueo. La intención de los partidos del Gobierno es la de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria a mayoría absoluta de 176 escaños para poder renovar dicho órgano a través del bloque de investidura, sin necesitar los votos del PP. Los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, comparecieron juntos en rueda de prensa para informar del registro. Al no ser obligatoria la consulta al Consejo de Estado, porque se tramitaría como proposición de ley, podría estar en vigor en dos meses.