Posición de la UE
El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
Los detalles El informe descarta en su razonamiento que la tramitación de la amnistía responda a una "autoamnistía" o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE.
El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann ha defendido este jueves que la ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.
En las conclusiones que ha publicado este jueves, ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE lo que abriría el camino a la amnistía del expresident catalán Carles Puigdemont. Asimismo, sostiene que la amnistía de los delitos de terrorismo investigados en la Audiencia Nacional tampoco contraviene la directiva relativa a la lucha contra los delitos de terrorismo.
El abogado general afirma que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía" y tampoco "incluye violaciones graves de derechos humanos".
Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.
Por ello, aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según las conclusiones que ha publicado hoy.
La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.
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