El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas

El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann ha defendido este jueves que la ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, si bien cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarla.

En las conclusiones que ha publicado este jueves, ha argumentado que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE lo que abriría el camino a la amnistía del expresident catalán Carles Puigdemont. Asimismo, sostiene que la amnistía de los delitos de terrorismo investigados en la Audiencia Nacional tampoco contraviene la directiva relativa a la lucha contra los delitos de terrorismo.

El abogado general afirma que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía" y tampoco "incluye violaciones graves de derechos humanos". El letrado asegura que "nada permite calificar a la ley de amnistía de autoamnistía" y argumenta que se trata del "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", no impuesto por un poder autoritario, y que "su aplicación no se sustrae al control judicial".

"La ley de amnistía no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas. En una palabra, opera impersonalmente", señala Spielmann. Para el letrado, la amnistía no persigue "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y considera que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.

Por ello, aprecia que "algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", según las conclusiones que ha publicado hoy.

La opinión del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que previsiblemente saldrá en unos meses, si bien los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado el informe y ha asegurado en el Congreso de los Diputados que la ley de aministía "es una autoamnistía", un "instrumento a través del cual se compró una investidura".

"Hablamos de una ley que ha vulnerado el estado de Derecho español y, por lo tanto, el europeo. No buscaba la convivencia, sino la conveniencia", ha afirmado.

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