Ante el juicio
La polémica fianza del fiscal general del Estado: inconstitucional y desorbitada para los juristas
El contexto El fiscal general se sentará en el banquillo acusado de revelación de secretos por supuestamente filtrar un correo donde el abogado del novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales. El juez le ha dado cinco días para pagar esos 150.000 euros de fianza. Si no lo hace, podrían embargarle sus bienes.
Resumen IA supervisado
El juez Ángel Hurtado ha impuesto una fianza de 150.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para cubrir posibles daños al novio de Isabel Díaz Ayuso. Juristas consideran esta medida inconstitucional y excesiva, ya que el Tribunal Constitucional rechazó en 2023 incluir el importe de las penas de multa en la responsabilidad pecuniaria por vulnerar la presunción de inocencia. Comparativamente, otras fianzas han sido menores, como en el caso de 'La Manada' o Jorge Fernández Díaz. García Ortiz estudia recurrir.
* Resumen supervisado por periodistas.
150.000 euros. Esa es la fianza que el juez Ángel Hurtado ha impuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien este martes dio un plazo de cinco días para aportar esa cantidad, destinada a cubrir posibles daños al novio de Isabel Díaz Ayuso si finalmente es condenado, pero también la potencial multa y las costas. Juristas y expertos, sin embargo, insisten en que eso es inconstitucionaly que la cuantía es mucho más elevada de lo que debería haber sido.
Y es que el Tribunal Constitucional ya tumbó ese criterio en 2023 por considerar que equivale a adelantar la condena antes del juicio: incluir el importe de las penas de multa dentro de la responsabilidad pecuniaria, estableció, supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia porque se trata de una "pena anticipada".
Para José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, la fianza es "innecesaria" e "introduce una cuña a la que ya se ha hecho referencia y que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede hacer porque supone ya una toma de posición anticipada". Misma opinión que comparte el juez Joaquim Bosch, que señala que "es inconstitucional que la cuantía de la multa sea obligada a anticipar por parte de un acusado".
La comparación con otros casos lo deja aún más claro: la víctima de la violación grupal de 'La Manada' recibió 100.000 euros de indemnización; el exministro Jorge Fernández Díaz, acusado en el caso Kitchen, afrontó una fianza de 120.000 euros; y al comisario José Manuel Villarejo, por varios delitos de espionaje se le impusieron 25.000 euros a repartir. A García Ortiz, por supuestamente revelar un correo electrónico -en el que el abogado de la pareja de Ayuso admitía los delitos fiscales- se le piden 150.000.
Otros magistrados no lo tienen tan claro. Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la plataforma cívica por la Independencia Judicial, sostiene que "es una medida cautelar que está prevista en la ley" y que, si se considera desproporcionada, habría que "recurrir esa decisión y pedir la rebaja de la fianza". Y eso es lo que estudia ya el fiscal general, según han confirmado fuentes de su entorno a laSexta este mismo miércoles. Si lo hace, a juicio del magistrado Bosch, "hay posibilidades de que haya una reducción de la fianza".