De cara al juicio
El fiscal general estudia recurrir la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez Hurtado
El contexto El magistrado que investiga a García Ortiz en el Supremo ha abierto juicio oral contra él y le ha impuesto fianza de 150.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar.
Resumen IA supervisado
El juez Ángel Hurtado ha decidido llevar a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imponiéndole una fianza de 150.000 euros, lo que ha sorprendido a muchos. Si no la paga en cinco días, le embargarán bienes. García Ortiz está considerando recurrir esta decisión, ya que su situación de gananciales con su esposa podría afectar la vivienda familiar. La fianza, considerada excesiva por varios juristas y el Gobierno, podría vulnerar la presunción de inocencia, según la doctrina del Tribunal Constitucional.
* Resumen supervisado por periodistas.
Tras el procesamiento del fiscal general del Estado, era cuestión de tiempo que el juez que le ha investigado en el Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, le sentara en el banquillo. Pero lo que más ha sorprendido de su auto de apertura de juicio oral no es eso, sino la elevada cuantía de la fianza que le ha impuesto el magistrado: 150.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar si es condenado.
El juez, además, le ha advertido de que, si no la aporta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar esa cantidad. Una decisión ante la que Álvaro García Ortiz está estudiando la posibilidad de recurrir la fianza, según trasladan fuentes de su entorno a laSexta. Dichas fuentes apostillan además que el fiscal general en situación de gananciales con su mujer, lo que afecta a la vivienda que podría aportar para asegurar la fianza.
Un cálculo inconstitucional
Lo que pide el juez Hurtado es una responsabilidad pecuniaria tan alta que ha dejado perplejos a muchos juristas, que recuerdan que el Tribunal Constitucional establece desde 2023 que incluir la multa en la responsabilidad pecuniaria anticipa la pena y, por tanto, vulnera la presunción de inocencia.
El fiscal general, recordemos, irá a juicio por revelación de secretos por presuntamente filtrar el correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía que su cliente había cometido delitos fiscales. Y esa cantidad de 150.000 euros incluye los posibles daños morales a González Amador -que pide hasta 300.000 euros- y la posible multa a la que podría ser condenado García Ortiz.
Desde el Gobierno consideran que esa fianza es "excesiva, exagerada y un auténtico disparate" y creen que la cuantía se debe a la batalla política que hay detrás. Fuentes del entorno de la propia presidenta madrileña admitían también este martes que incluso ella estaba "sorprendida por la abultada fianza" y la amenaza de embargo.