De 150.000 euros
El cálculo del juez Hurtado para la fianza del fiscal general incluye un criterio declarado inconstitucional en 2023
Entre líneas La doctrina del Tribunal Constitucional establece desde 2023 que en la responsabilidad pecuniaria no se pueden incluir las multas porque eso supone anticipar la pena y, por tanto, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.
Resumen IA supervisado
El fiscal general Álvaro García Ortiz enfrentará juicio por presunta revelación de secretos tras supuestamente facilitar información confidencial a un medio sobre delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez Hurtado ha fijado una fianza de 150.000 euros, considerada excesiva por fiscales progresistas y el Gobierno. Alegan que en casos graves como agresiones sexuales, las fianzas no superan los 50.000 euros, y critican que incluir multas en la responsabilidad pecuniaria vulnera la presunción de inocencia. Fuentes gubernamentales sugieren que la elevada fianza responde a una batalla política subyacente.
* Resumen supervisado por periodistas.
El fiscal general Álvaro García Ortiz irá finalmente a juicio por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- donde reconocía haber cometido dos delitos fiscales.
En su auto, el juez Hurtado rechaza la suspensión cautelar de sus funciones como pedían algunas acusaciones, pero sorprende la altísima fianza que ha fijado: 150.000 euros.
Se trata de una responsabilidad pecuniaria muy alta que incluye los posibles daños morales a Alberto González Amador -quien pide hasta 300.000 euros-, la multa a la que podría ser condenado el fiscal, que iría para el Estado y las costas procesales. Además, si no la presta en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de sus bienes.
Una cifra que ha sorprendido mucho sobre todo entre fiscales progresistas que recuerdan que en casos como agresiones sexuales esas cuantías no superan los 50.000 euros. Por ello, estos fiscales hablan del efecto intimidatorio de la arbitrariedad que puede suponer.
Recuerdan, además, que la doctrina del Tribunal Constitucional establece desde 2023 que en la responsabilidad pecuniaria no se pueden incluir las multas porque eso supone anticipar la pena y, por tanto, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.
Por su parte, desde el Gobierno consideran que esa fianza es "excesiva, exagerada y un auténtico disparate", como, dicen, "todo el proceso que se está siguiendo contra el fiscal general del Estado". Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta creen que esa altísima fianza se explica por la batalla política que hay de fondo.
En este caso, un destacado miembro del Ejecutivo ha reconocido a laSexta que ya no le sorprendería absolutamente nada que todo este proceso terminara con una sentencia condenatoria.