Un procesamiento inédito

El novio de Ayuso pide al Supremo que eleve la fianza del fiscal general a 300.000 euros por "daños morales"

Los detalles La defensa de Alberto González Amador ha recurrido la decisión del juez Ángel Hurtado que fijaba en 150.000 euros la responsabilidad pecuniaria de Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, que muchos tacharon de desorbitada, e incluso inconstitucional.

García Ortiz muestra su "confianza" en la Justicia y defiende que la Fiscalía "no sucumbe ante los ataques de los delincuentes"García Ortiz muestra su "confianza" en la Justicia y defiende que la Fiscalía "no sucumbe ante los ataques de los delincuentes"Agencia EFE
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La defensa de Alberto González Amador ha recurrido la decisión del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de fijar en 150.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta la defensa del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicita que se eleve a 300.000 por los "daños morales" sufridos.

Una decisión que argumenta en que varios dirigentes políticos como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, o su homólogo en Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, le llamaran "defraudador confeso". También menciona la defensa del empresario a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, así como la vocal de Más Madrid, Manuela Bergerot. En este punto, cabe destacar que el Alto Tribunal ya rechazó una demanda del empresario contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por este comentario.

Asimismo, pide que se elimine el "error material" cometido por Hurtado por incluir el importe de "la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del art. 417 CP" en el cálculo de la fianza pecuniaria fijada en el auto de apertura de juicio oral. Para la defensa, "resulta hasta

matemáticamente evidente que no ha sido así".

De hecho, la cantidad de la fianza exigida ya generó polémica una vez conocido el auto de procesamiento al fiscal general, pues dejaba perplejos a muchos. En ese sentido, recordaban que el Tribunal Constitucional establece desde 2023 que incluir la multa en la responsabilidad pecuniaria anticipa la pena y, por tanto, vulnera la presunción de inocencia.

Ya entonces, desde el Gobierno consideraron que esa fianza era "excesiva, exagerada y un auténtico disparate", al tiempo que creían que la cuantía se debe a la batalla política que hay detrás. Fuentes del entorno de la propia presidenta madrileña admitían también este martes que incluso ella estaba "sorprendida por la abultada fianza" y la amenaza de embargo. Días después, sin embargo, la defensa de González Amador pide que sea más alta.