el mayor caso de corrupción de Castilla y León
Arranca el juicio de la Trama Eólica: 15 ex altos cargos del PP y empresarios están acusados de repartirse 75 millones en mordidas
Los detalles Los acusados afrontan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. Para Rafael Delgado, principal procesado, la Fiscalía pide 36 años y medio de cárcel, multas de más de 236 millones e inhabilitación.
Resumen IA supervisado
Ha comenzado el juicio por la Trama Eólica, el mayor caso de corrupción en Castilla y León, con 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartirse 75 millones de euros en mordidas por la instalación de parques eólicos. El juicio, que concluirá el 28 de enero de 2026, incluye 84 testigos y una veintena de peritos. Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2011, bajo los gobiernos de Juan Vicente Herrera, y se centraron en un sistema que favorecía a empresas locales en la autorización de proyectos. Rafael Delgado, principal acusado, enfrenta 36 años de prisión y multas millonarias. La Fiscalía Anticorrupción y otras entidades ejercen la acusación.
* Resumen supervisado por periodistas.
Ha comenzado el juicio contra los líderes de la llamada Trama Eólica, considerado el mayor caso de corrupción en la historia de Castilla y León. En el banquillo se sientan 15 ex altos cargos del Gobierno autonómico del PP y varios empresarios, acusados de repartirse 75 millones de euros en mordidas vinculadas a la instalación de parques eólicos.
Tras las dos primeras jornadas, dedicadas a las cuestiones previas, está previsto que declaren los testigos: un total de 84 testigos y una veintena de peritos comparecerán a lo largo de distintas sesiones. Los acusados declararán en último lugar, y la conclusión del juicio está fijada para el 28 de enero de 2026.
Los hechos se sitúan entre 2003 y 2011, durante los gobiernos de Juan Vicente Herrera. Según fuentes jurídicas, los procesados idearon un sistema para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, dirigida entonces por Rafael Delgado, uno de los principales acusados.
El mecanismo consistía en obligar a que cada proyecto incluyera una empresa radicada en Castilla y León, designada por la Consejería. Estas sociedades adquirían participaciones a bajo coste y, una vez conseguida la autorización, revendían su parte a los verdaderos promotores —como Iberdrola— con enormes plusvalías, que podían alcanzar los 250.000 euros por megavatio autorizado.
Según Ecologistas en Acción, acusación particular en la causa, "no sólo hubo empresas escandalosamente beneficiadas, sino también otras claramente perjudicadas, obligadas a desistir de sus inversiones por no ser consideradas ‘suficientemente locales’ o por no aceptar las condiciones impuestas".
Las llamadas empresas locales apenas asumían riesgos ni gestionaban los proyectos, pero lograban beneficios millonarios gracias a este sistema. Se estima que las mordidas, repercutidas finalmente en la factura eléctrica, alcanzaron los 75 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Rafael Delgado 36 años y 6 meses de prisión, multas que superan los 236 millones de euros e inhabilitación para cargo público. Para el resto de acusados solicita penas de entre 6 y 12 años de cárcel, además de multas y responsabilidades civiles valoradas en unos 19 millones de euros.
En la causa ejercen la acusación, además del Ministerio Público, la Abogacía del Estado, particulares afectados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, que participa como acción popular.