Así lo ha expresado el fiscal anticorrupción, Miguel Angel Subirán, durante el transcurso de este juicio que trata de esclarecer si P.R.C, apoderado del Grupo Cursach y sobrino del empresario Bartolomé Cursach, incurrió en obstrucción a la justicia y amenazó a esta testigo en abril.
En su intervención en el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, P.R.C., que permanece en prisión preventiva por esta causa, ha negado la mayor y ha explicado que en marzo intentó ponerse en contacto con dicha testigo, que resulta que es su inquilina para que le pagase el alquiler ya que se había retrasado unos días. A pesar de esto, ha asegurado que nunca pudo ponerse en contacto con ella.
En contra, la testigo que ha declarado entre lágrimas, ha explicado que ha tenido que marcharse de Palma y que a día de hoy sigue teniendo "miedo" por su hijo ya que, según ha señalado, el procesado le demostró que sabía no solo donde vivía sino también donde iba al colegio.
Así, ha ratificado que el acusado la amenazó y que, antes -mediante una llamada anónima- le habían ofrecido 10.000 euros para que no declarara ante los investigadores. Además, ha explicado que en otro episodio la acabaron atacando y que la golpearon en varias partes de su cuerpo. "Me dijeron que iba a acabar en una caja", ha señalado.
Según dijo la testigo durante la instrucción, y ha vuelto a explicar este lunes, P.R.C. se personó en su casa y le llegó a decir "¿qué te crees que estás segura? Nosotros lo sabemos todo, tu juez pasea su perro por Es Fortí -en referencia al fiscal Subirán- y tú ni acabarás bien, ni acabarás aquí".
Además, la testigo ha asegurado que vive "en una paranoia constante", que perdió su trabajo por esta causa y por las noticias aparecidas en un periódico local; ha negado tener una relación con uno de los policías que la protegen y considera que la están intentando desprestigiar. "La persona que me está haciendo daño cada día es el señor Cursach", ha dicho.
Por otro lado, la defensa de P.R.C. ha pedido la nulidad del procedimiento por diversas cuestiones técnicas -falta de auto de inhibición, vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un juicio justo- pero han sido denegadas por el Tribunal, que en una ocasión ha considerado las peticiones de "torticeras".