En su pieza separada

La jueza solicita a la UCO de la Guardia Civil investigar el caso del novio de Ayuso

El contexto La magistrada cree que se debe ampliar la investigación atendiendo a su "complejidad y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva". La pareja de la presidenta madrileña está imputada por corrupción en los negocios y administración desleal.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sale de los Juzgados tras declarar ante la jueza.

La jueza Inmaculada Iglesias, que investiga las actividades de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha encargado a la Unidad Centro Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se haga cargo de la investigación al empresario por corrupción en los negocios y administración desleal. La medida había sido solicitada por la Fiscalía y las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid.

La magistrada apunta en un auto, al que ha tenido acceso laSexta, que tal y como indica la Fiscalía en su escrito del pasado mes de enero, que atendiendo a la "complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", procede a acordar oficiar a la unidad especializada de la Guardia Civil para que indague en los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito. Es decir, si se usó una sociedad instrumental.

Esta intervención se produce en el marco de la pieza separada por la que se investiga si González Amador sobornó al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, su mujer y su hermano con 500.000 euros. Precisamente, la jueza toma esta decisión después de haber escuchado los testimonios del propio González Amador y de la esposa de Camino, María Gloria Carrasco, que fue la receptora de ese pago en diciembre de 2020.

Un supuesto soborno a Quirón

Entonces, la pareja de Ayuso adquirió la sociedad Círculo de Belleza apenas días después de una operación en plena pandemia por la que intermedió en la venta de mascarillas y cobró dos millones de euros como comisión, según sostenían las acusaciones, que relacionan las dos operaciones y creen que podría haber un soborno a Quirón detrás de ello.

Tanto el empresario como Carrasco han negado la mayor en sendas declaraciones ante la jueza. El novio de Ayuso señalaba en abril que era falso que hubiera comprado una empresa a Carrasco por ese contante sin tener ese valor, también que la utilizara después para ocultar sus ingresos en Quirón y que ocultara la tributación a Hacienda. Por su parte, Carrasco afirmó que ella no leía los contratos y también negó que ese pago fuera para camuflar una comisión. Además, desvinculó a su marido de la operación de venta alegando ser un "matrimonio atípico" y sin mucha relación.

Curiosamente, los bienes con los que contaba la empresa de Carrasco eran un portátil y tres equipos de depilación ya usados. Es decir, el valor de compra por medio millón de euros supera con creces a la facturación que tenía la sociedad. Según la declaración entonces de la pareja de Ayuso, el verdadero valor de esa sociedad era su cartera de contactos.

"Carecía de actividad, medios personales y materiales"

Así, la magistrada concluye que "de las declaraciones de los investigados y documental obrante en autos", como indica el Ministerio Fiscal en su escrito, se desprende que ese pago ilícito no se produjo, "porque el empresario iba a obtener algo de una sociedad que carecía de actividad, medios personales y materiales, existiendo indicios de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención". De ahí que ahora trate de indagar más en profundidad en el asunto a través de la UCO.

Según el auto, después de que Círculo de Belleza haya sido inspeccionada por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 2021, llegó a la conclusión de que se produjo una simulación relativa de los servicios prestados debido a que se simula que es esta sociedad la verdadera prestadora de los servicios profesionales facturando por ellos, cuando se acredita que carece de los medios humanos y materiales necesarios. Por lo que sería la empresa del novio de Ayuso la auténtica prestadora de los servicios y quien debió facturar directamente a Quirón Prevención el importe de la prestación.