Imputación de Zapatero
El juez autorizó un "registro corporal" de la secretaria de Zapatero para obtener su móvil
Los detalles El registro se realizó para evitar que los datos de sus dispositivos se pudieran "perder, alterar o destruir".

Resumen IA supervisado
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado intervenir el móvil y dispositivos electrónicos de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Calama sospecha que Alcázar desempeña un papel clave en una red organizada para el ejercicio ilícito de influencias, vinculada a los 53 millones de euros que la aerolínea recibió del Estado en 2020. La intervención busca evitar la pérdida o destrucción de información relevante, autorizando incluso un registro corporal para asegurar los dispositivos. La investigación sitúa a Zapatero en la cúspide de esta presunta red.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ordenó que se interviniera el móvil y los dispositivos electrónicos a la secretaria del expresidente Zapatero y autorizó que se le practicase incluso un "registro corporal" para evitar que estos se pudieran "perder, alterar o destruir".
El juez José Luis Calama, que investiga el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en los 53 millones de euros que recibió del Estado la aerolínea Plus Ultra en 2020, explicaba en el auto conocido el martes que existen indicios relevantes de que María Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, "desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".
Añade que es la usuaria principal de la cuenta de presidentezapatero@presidentezapatero.com, y "pieza clave de la coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera de la red" en cuya cúspide sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
Esa "centralidad operativa" de Alcázar permite deducir, según el juez, que los dispositivos electrónicos de los que es usuaria habitual, "en particular su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento masivo, pueden contener información relevante para el esclarecimiento de los hechos".
Por eso, en el marco del registro de la oficina del expresidente en la calle Ferraz que ordenó el martes, Calama pidió a los agentes que interviniesen y asegurasen esos dispositivos.
En ese contexto y amparándose en la ley de seguridad ciudadana, el magistrado autoriza "efectuar un registro corporal externo" a Alcázar para "intervenir su teléfono móvil y cualquier dispositivo de almacenamiento masivo de información que porte en ese momento por ser necesarios para la práctica de diligencias de investigación y evitar la pérdida, alteración o destrucción de datos relevantes".