El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha defendido ante la juez que instruye la causa del 8M la celebración de la manifestación. Fuentes jurídicas a laSexta han indicado que Franco ha mantenido que no tiene competencias en materia sanitaria, sólo de seguridad ciudadana, que en los primeros días de marzo ningún experto recomendó que no se produjeran manifestaciones y que los contagios, que se disparan exponencialmente el 9 de marzo, no pudieron producirse por la manifestación del 8M porque hay un periodo de incubación de hasta 14 días.

El momento más tenso de la hora y media de declaración se ha producido a preguntas del abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, que le ha echado en cara que había atentado contra el derecho a la vida, ante lo que Franco ha señalado que no puso en peligro la vida de nadie.

El abogado de la Unión de Oficiales ha insistido mucho en por qué se permitieron todas las manifestaciones esos días menos una ante el domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, decisión que el delegado del Gobierno ha justificado alegando que afectaba a otro derecho fundamental, el derecho a la intimidad: "Si la manifestación hubiera sido en el Ministerio, no se habría prohibido". Igualmente, preguntado por qué, en lugar de prohibir las manifestaciones que había convocadas a partir del 8 de marzo, se realizaron llamadas a los convocantes para que desconvocaran ellos, Franco ha defendido que es el procedimiento habitual, ya que si el recorrido de una marcha no es el adecuado, en lugar de prohibir, siempre se intenta dialogar y convencer a los convocantes.

Franco ha declarado como investigado por un delito de prevaricación administrativa al no prohibir grandes concentraciones entre los días 5 y 14 de marzo, entre las que se encuentra la marcha por el Día de la Mujer en Madrid. Durante el interrogatorio ha rebatido las acusaciones que tanto el médico forense como la Guardia Civil mantienen en los informes entregados a la instructora, en los que señalan que ya conocía la magnitud de la pandemia cuando la permitió. Las mismas fuentes, explican que muchas de las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la jueza Carmen Rodríguez-Medel se han basado en las conclusiones del informe de la Guardia Civil.

Sin embargo, Franco ha explicado que en la Delegación del Gobierno tuvieron constancia del verdadero peligro del coronavirus el 9 de marzo, cuando se produjo el aumento exponencial de marzo y ha señalado que en los días previos al 8M había 8 muertos en toda España.

En cuanto a los correos del departamento de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno que recomendaban distancia social, ha argumentado que una cosa es "tomar medidas para funcionarios que trabajan de cara al público y otra prohibir el derecho fundamental de manifestación". También ha señalado que él no recibió el correo de prevención el 2 de marzo y que en la lista de enviados no aparece hasta el 4. "En febrero certezas no había ninguna", ha apuntado según estas fuentes

Actuación "con arreglo a la ley"

A su salida de los juzgados, Franco ha comparecido ante los medios y ha manifestado su respeto al instituto armado, pero ha indicado que no puede "estar de acuerdo con el informe que han hecho", también ha subrayado que no puede considerarse "responsable del 8M" porque cuando se celebró "no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental". En esta sentido, ha explicado que se hizo "lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquél momento los expertos sanitarios recomendaron hacer".

"No había ningún elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos otros acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales", ha recalcado Franco ante los medios a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla y ha recalcado que no está acreditado que el aumento de contagios tenga que ver con su celebración.

Franco también ha expresado que siempre ha creído "y sigo creyendo en la Justicia española". Rodríguez-Medel rechazó este martes archivar la causa contra Franco, como solicitaban la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado y negó también la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid. A su parecer, el estado de alarma "no ha objetado" la tramitación ordinaria del procedimiento, por lo que concluyó que "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".