La Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado pedían a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que archivase la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Sin embargo, la jueza que instruye el caso ha desestimado todos los recursos interpuestos, por lo que Franco tendrá que declarar el 10 de junio a las 15:30 horas como investigado por un delito de prevaricación administrativa al no prohibir manifestaciones multitudinarias días antes de que se decretase el estado de alarma por coronavirus, entre ellas las del Día Internacional de la Mujer.

En la resolución de 17 folios y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, se desestima la impugnación de tres providencias por las que se acordaba el inicio de la investigación y la citación para declarar de José Manuel Franco, como único cargo político investigado, y de una serie de testigos.

Se defiende de las críticas

Así, entre otros aspectos procesales, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y niega la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid. En concreto, precisa que el estado de alarma "no ha objetado" la tramitación ordinaria del procedimiento y concluye que "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada".

En el auto se puntualiza cómo, aunque con limitaciones por los turnos rotatorios de los integrantes de la oficina judicial, el Juzgado de Instrucción nº 51 ha seguido tramitando todas las causas de su competencia.

La magistrada destaca además en su escrito que "se ha intentado trabajar con prontitud en todo aquello que afecta a la acusación y también a la defensa".Y alega que algunos órganos oficiales, el que dirige Manuel Franco como el CCAES, del que Fernando Simón es director, mostraban "reticencias" y "demoras" para entregar a la Policía Judicial la documentación solicitada. Rodríguez-Medel se defiende así de las acusaciones de la Abogacía que criticaba a la jueza por imponer plazos.

Como consecuencia de esta resolución, el juzgado mantiene las citaciones de declaración fijadas para el miércoles 10, y el jueves 11 de junio, tal y como estaban previstas.

Apoya el informe del forense

Para investigar si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas" por la emergencia del COVID-19, la magistrada solicitó la colaboración del forense adscrito al juzgado Julio Lorenzo Rego.

Este, en su informe, sostiene que la "hecatombe y el tsunami se veían venir" y que el Gobierno "minimizó el riesgo del virus". Tras las criticas recibidas por no basar dichas afirmaciones en una investigación de carácter científico, Rodríguez-Medel ha salido en su defensa, argumentando que "la utilidad del informe forense es clara".

"Permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio del COVID-19 y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (que es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)".