En Mesegar del Tajo
Hallan en una cuneta de un pueblo de Toledo los cuerpos de dos hombres asesinados por falangistas en 1936
Los detalles En esa cuneta se buscaba a Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, "asesinados por la centuria falangista". "Seguimos trabajando por la verdad, la justicia y la reparación", ha destacado el ministro Torres.
Los trabajos del Plan Cuatrienal de Exhumaciones han localizado en Mesegar del Tajo (Toledo) los cuerpos de dos personas enterradas en una cuneta, asesinados por falangistas en 1936. Según ha informado en su cuenta de la red social X el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en esa cuneta se buscaba a Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, "asesinados por la centuria falangista de Las Palmas en septiembre de 1936". "Seguimos trabajando por la verdad, la justicia y la reparación", ha destacado el ministro.
Este hallazgo se produce un día después de que se haya conocido también que el Gobierno haya declarado "ilegítima y nula" la pena de muerte dictada en 1975 contra Xosé Humberto Baena Alonso, militante gallego del FRAP y considerado el último fusilado de la dictadura franquista al ser ejecutado dos meses antes del fallecimiento de Francisco Franco.
El 27 de septiembre de 1975, la dictadura perpetró sus cinco últimas ejecuciones contra dos miembros de ETA y tres integrantes del FRAP que estaban acusados de terrorismo.
Sobre las 8:30 horas de aquel día fueron fusilados dos miembros de ETA, Ángel Otaegui en Burgos y Juan Paredes Manotas "Txiki", en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Una hora más tarde, fueron ejecutados en un campo de maniobras militares de Hoyo de Manzanares (Madrid) tres militantes del FRAP: Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena Alonso, a quien se atribuye haber sido el último de los cinco en ser fusilado ese día.
La dictadura acusó a Baena de ser el autor material del atentado en el que un policía perdió la vida en la calle Alenza, en el barrio madrileño de Chamberí, pero el tribunal militar que lo juzgó no admitió pruebas ni testigos y dictó sentencia a partir de declaraciones autoinculpatorias de los acusados que se habían producido bajo tortura por la policía franquista.