La Presidencia del Gobierno Vasco ha respondido en un comunicado a la declaración del grupo de representantes internacionales encargado de verificar el final de la actividad de ETA, en la que se avala el proceso de sellado y puesta fuera de uso del armamento de la banda.
Pese a que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) ha manifestado su convicción de que ETA seguirá dando pasos hasta su "desarme completo", el Ejecutivo autonómico ha considerado que después de más de tres años del anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, "no se ha avanzado en el desarme" y "esto no es aceptable" porque "tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca".
Ha asegurado que ya estaba al corriente de la situación de "estancamiento" del proceso de desarme que, a su juicio, refleja el comunicado de la CIV, y aunque ha manifestado su "respeto y apoyo a los buenos oficios" de esta comisión internacional, le ha transmitido que "un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor".
Por ello, ha propuesto a ETA otro modelo de desarme, basado en cinco pasos, que arrancaría con una aceptación por parte de ETA de materializar el desarme ante la sociedad vasca mediante "los buenos oficios" de un comité compuesto por agentes sociales, internacionales y del Gobierno Vasco. El siguiente paso conllevaría la obligación de que ETA estructurara "en un plazo de tiempo comunicado el depósito de todas sus armas y explosivos y en un número de almacenamientos localizables y seguros para la población".
Paralelamente, el Gobierno Vasco propone la constitución de un Comité para el Desarme compuesto por miembros del Foro Social que se ha reunido con el Comité Internacional de Verificación, así como por agentes internacionales y representantes del Gobierno Vasco. El Ejecutivo vasco propone también solicitar el apoyo del Parlamento Vasco para este comité. En cuarto lugar, el procedimiento marcado por el Gobierno Vasco establece que ETA entregaría la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca en el Comité para el Desarme.
El quinto y último paso sería el de la entrega de esta información al Comité para el Desarme, que lo pondría a su vez en manos del Gobierno Vasco "para que éste actúe como legalmente proceda". El Ejecutivo vasco ha emplazado a ETA a asumir esta propuesta porque "representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca" y ha opinado que "un desarme unilateral, ordenado, verificado y efectivo tendría efectos positivos en la sociedad vasca, en la política y en el proceso de paz y convivencia".
"Permitiría a esta sociedad pasar página de una forma definitiva, favorecería nuevas dinámicas de diálogo político y parlamentario, y crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y de sus familias", ha considerado. Además, "liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado y facilitaría su incorporación normalizada al juego político", ha añadido.