En Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba su paquete de medidas contra la corrupción anunciadas tras el estallido del 'caso Cerdán'
Los detalles El Consejo de Ministros da luz verde a la Ley Orgánica de Integridad Pública, principal norma del Plan de Lucha contra la Corrupción que fue aprobado en agosto del año pasado por el Ejecutivo.
El Consejo de Ministros de este martes aprueba la Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma que incluye gran parte de las medidas previstas en el Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción aprobado por el Ejecutivo en agosto del año pasado y anunciado por Pedro Sánchez en julio, tras el estallido del conocido como 'caso Cerdán'.
La ley incluye 84 medidas en total que afectan a 18 textos legislativos y que "dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción", según ha señalado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha calificado la ley como "muy ambiciosa", una ley que contempla, por ejemplo, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración e incrementar de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.
Las donaciones de particulares a los partidos políticos serán públicas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000; y los partidos deberán realizar auditorías externas sobre sus cuentas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen. Se amplía la prescripción de los delitos de corrupción y se refuerza la Oficina de recuperación y gestión de activos y la capacidad del Estado de incautar bienes a corruptos, con figuras como el "decomiso sin condena" o el de "riqueza no justificada".
Nueve meses después de este anuncio, el Consejo de Ministros avanza en la implementación de este plan, cuyo objetivo es "incidir en la prevención y persecución de estas prácticas, avanzando hacia una Administración más íntegra y transparente". Como parte del plan se establecen cinco ejes de actuación y 15 medidas, como la creación de una Comisión Interministerial que será presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se encargará de coordinar, impulsar y monitorizar la implementación del plan.
Es precisamente esta comisión, llamada Agencia Independiente de Integridad Pública, la mayor de las novedades de esta norma, una propuesta de Sumar que habrá que ver si acaba creándose, ya que ahora queda que pase por la tramitación pertinente.
"Con la puesta en marcha de estas medidas el Gobierno pretende reforzar su compromiso con una gobernanza íntegra, eficaz y transparente, afianzando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y avanzando hacia un modelo institucional más robusto frente a la corrupción, una de las amenazas más graves para la democracia", esgrimía el Gobierno en agosto.
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