La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de COVID por importe de 22,9 millones de euros, de los cuales casi 10 corresponden a material que no se llegó a entregar.
En un comunicado remitido a EFE, la portavoz del Ministerio Público ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a trámite esta querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.
La querella de la Fiscalía Provincial se dirige contra empresarios de península y Canarias identificados con las iniciales N.J.F., M.A.R.A., L.B.L.C. y C.C.E. N.J.F. aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid.
En cuanto a M.A.R.A., L.B.L.C. son empresarios canarios a los que la Fiscalía vincula a dos entidades mercantiles a las que presuntamente se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services. Al cuarto querellado, C.C.E., también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.
La Fiscalía inició estas diligencias de investigación penal a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de COVID-19, entre otro material sanitario. Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos.
Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministerio Público.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de cuatro millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Koldo, también por la compra de cubrebocas.