Descontrol, tramas criminales y otras irregularidades sin apenas consecuencias. 'Diplomacia en la sombra' (Shadow Diplomats), una investigación de ProPublica y el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ), integrado por 61 medios en más de 40 países -entre ellos, laSexta, El País y El Periódico de Cataluña en España-, pone el foco en la controvertida figura de los cónsules honorarios, diplomáticos 'voluntarios' nombrados a dedo (y en ocasiones a cambio de grandes sumas de dinero) que en muchos casos se han aprovechado de su estatus y la inmunidad inherente para llevar a cabo todo tipo de acciones ilícitas: desde el enriquecimiento propio hasta la financiación del terrorismo o la evasión de leyes contrarias a su beneficio.

Todo sin la supervisión o la intervención por parte de gobiernos. Desde el ICIJ y ProPublica se ha logrado identificar a al menos 550 cónsules honorarios -de los miles que hay en todo el mundo- que a lo largo de las últimas décadas han estado implicados en escándalos de carácter político, financiero o de otra índole: narcotraficantes, estafadores, colaboradores de grupos paramilitares y terroristas, asesinos, delincuentes sexuales, contrabandistas de armas o ayudantes de los gobiernos más corruptos del mundo han desempeñado dicho cargo en distintas partes del globo.

De ellos, se ha descubierto que 29 de estos perfiles están vinculados de una forma u otra a España. Porque sí, nuestro país tampoco queda libre. Así se extrae de esa extensa base de datos, la primera de este tipo, del ICIJ y ProPublica que pone nombre y rostro a quienes, como ya venía advirtiendo un panel internacional de los años 20, "están mucho más ocupados con sus asuntos personales que con los del país que les ha conferido el título"; personalidades que intentaron obtener esta credencial, como Jesús Gil o Jordi Pujol Ferrusola, y otros acusados o condenados al tiempo que mantenían esta condición, como Rosario Porto, asesina de la pequeña Asunta Basterra.

Una evolución peligrosa que se ignoró

Los cónsules honorarios son, en esencia, civiles que trabajan en la representación libre de unos y otros países en el extranjero. A diferencia de cónsules oficiales o embajadores, no tienen competencias diplomáticas como tal y perciben una asignación por esta gestión salvo para cubrir gastos vitales, pero sí cuentan con importantes ventajas que los sitúan muchas veces en una suerte de vacío legal ante sus responsabilidades como ciudadanos. De hecho, si bien el cónsul honorario se concibió en sus inicios como figura de auxilio dirigida a naciones sin presupuesto para embajadas en el exterior, con el tiempo comenzaron a emitirse informes que alertaban de la peligrosidad de este perfil sin ataduras.

Desde principios del Siglo XX y hasta la actualidad se han ido lanzando advertencias que recomendaban limitar la actividad de este cargo y aumentar la vigilancia sobre el mismo; advertencias ignoradas al tiempo que la influencia, el poder y la inmunidad de estos cargos crecía, llegando a estar -según la denuncia de distintos organismos- exentos de controles disciplinarios como sí lo están los diplomáticos de carrera. Eso ha provocado que, en la actualidad, los cónsules puedan actuar "con total autonomía y sin control por el Estado que representan", según llegaron a señalar investigadores españoles en un informe confidencial reciente a colación de una trama criminal que conectaba a varios empresarios.

Exenciones fiscales, inviolabilidad de archivos, inmunidad ante la jurisdicción son algunos de los beneficios de ser cónsul honorario

A día de hoy no existe además ninguna agencia que rastree a fondo a los cónsules honorarios -numerosos países ni siquiera publican sus nombres- y pocos son los gobiernos que han puesto en marcha de salvaguardias para evitar posibles daños derivados de esta problemática. Consecuencia de este rango de inmunidad que han alcanzado los cónsules honorarios y de la arbitrariedad en las normas que aplica cada país para su nombramiento, el título se ha convertido en un reclamo codiciado entre personalidades que de por sí cuentan ya con gran poder e influencia; tan codiciado que se puede llegar a comprar. Sin ir más lejos, existen agencias que se vanaglorian de poder realizar estos nombramientos en países empobrecidos a cambio de importantes sumas.

Quizá a razón de este blindaje tan desdibujado se han dado casos de responsables que, a pesar de haber sido acusados o condenados judicialmente, han sido nombrados o mantenidos en esos puestos diplomáticos. Hay incluso registros de cónsules honorarios que han logrado eludir con éxito investigaciones penales mediante afirmaciones falsas de amplia inmunidad legal que han confundido u obstruido el trabajo de policías y fiscales de muchos países. Y no es de extrañar atendiendo a la protección que concede el cargo.

Según dicta la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, los cargos honorarios están exentos, en términos generales, del pago de impuestos y contribuciones del país al que representa en otro territorio, como también lo están de prestaciones personales y servicios públicos en el Estado receptor. Este cargo diplomático también concede la inviolabilidad de archivos y documentos consulares, inmunidad ante la jurisdicción de autoridades judiciales y administrativas, protección contra toda intrusión o daño, valijas férreamente blindadas o beneficios determinados en procedimientos de tipo penal.

España: del veto a Gil a las 'conexiones Jodorovich'

El mundo está lleno de cónsules honorarios, y nuestro país no iba a ser menos. En España alrededor de 500 consulados de otros países, mientras que nosotros contamos con 425 cónsules honorarios por todo el mundo con todo tipo de perfiles: abogados, profesores universitarios, empresarios... Cada país nombra a los suyos bajo sus propias reglas -en España es el Ministerio de Exteriores el responsable último-, y puede vetar un nombramiento si no le convence. Prueba de ello es lo que le sucedió al afamado Jesús Gil a principios de los 90. Costa de Marfil quiso nombrar al entonces alcalde de Marbella cónsul honorario de su país.

Aunque Gil presumió, y mucho, de que este cargo le permitía fichar y traer a España un futbolista del país para jugar en el Atlético de Madrid (club que presidía entonces), finalmente Exteriores lo descartó por incompatibilidad con su cargo como alcalde. También lo intentó Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident, que trató de comprar el consulado honorario de Gabón, en África, por 100.000 euros, pero sin éxito. Ello no le impidió aprovecharse de la inmunidad diplomática de un funcionario gabonés para trasladar dinero de un sitio a otro cuando Anticorrupción le pisaba los talones.

Hubo quienes sí lo consiguieron, como es el caso de tres excónsules honorarios en Barcelona investigados por su presunta relación con el narcotráfico. En concreto, una trama de blanqueo de dinero conectaría al conocido como 'clan Jodorovich', uno de los grupos criminales más importantes de Cataluña, con José Luis López Fernández (excónsul de Mali), José María Calmet (Albania) y Juli Bárcena San José (Croacia). No son los únicos: también fue cónsul honorario de Lituania en la Ciudad Condal Jordi Sumarroca, vinculado al caso del 3% y a quien se imputan delitos de tráfico de influencias, blanqueo y fraude a las administraciones públicas. O al excónsul de Finlandia también en Barcelona, Albert Ginjaume, relacionado presuntamente con el tráfico de una droga conocida como 'khat'.

No menos llamativo es el caso de Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Proseleccions Catalanes y excónsul de Letonia en Barcelona, investigado por un presunto desvío de fondos para el 'procés' independentista, o el de Rosario Porto, que era cónsul honoraria de Francia en Santiago de Compostela cuando fue detenida, en 2013, como sospechosa del asesinato de su hija Asunta. A otros, como el expresidente del FC Barcelona y empresario Joan Gaspart, les bastó con desearlo, como él mismo ha revelado a laSexta: "Soy el cónsul honorario de Seychelles más antiguo del mundo. Me dijeron que no tenían consulado y, tras hacer los trámites pertinentes, me lo concedieron".

A través del mundo: terrorismo y casos de violación

También a nivel internacional se han registrado escándalos relacionados directamente con cónsules honorarios que han puesto en jaque la seguridad, el orden o la convivencia en distintos territorios. Casos como el de los terroristas de Hezbolá, que ofrecieron nombramientos de este tipo a compradores de armas. Incluso el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó, en marzo de este mismo año, a un importante empresario en Guinea acusado de canalizar millones de dólares a la organización a través de actividades comerciales y de usar su estatus de cónsul honorario para viajar dentro y fuera de Guinea con un escrutinio mínimo.

También en Guinea conmocionó el caso de un empresario canadiense y excónsul honorario de Canadá en dicho país acusado de violar a una niña de 12 años en su residencia consular. Creyendo que era cónsul oficial y que gozaba de inmunidad completa, las autoridades desistieron de su arresto, lo que le permitió salir de Guinea hacia Canadá, -en 2017 fue declarado culpable en rebeldía en Guinea y sentenciado a 12 años de prisión-. Y de Guinea, a Egipto, donde un excónsul fue condenado a 15 años de prisión a principios de 2021 por contrabando de más de 21.000 antigüedades a través de un contenedor diplomático.

Su estatus le permitió enviar fuera del país y sin ninguna inspección aduanera todo tipo de artículos -como máscaras de momia, monedas de todas las épocas, estatuas y un sarcófago de madera- en cajas que supuestamente contenían sus enseres. También en Macedonia del Norte los servicios de inteligencia descubrieron que dos cónsules honorarios habrían permitido usar sus oficinas como base para operaciones de propaganda rusa destinada a limitar la expansión de la OTAN. O en Myanmar, un cónsul usó supuestamente sus conexiones para ayudar suministrar armas a la brutal junta militar durante su campaña genocida contra las minorías étnicas.